La pandemia de la COVID-19 ya ha dejado más de 17 mil fallecidos en Bolivia y, en muchos casos, los decesos han dejado un drama familiar en que niños y adolescentes quedaron huérfanos o personas jóvenes ahora deben encargarse de niños en un contexto de carencias económicas.

La Defensoría del Pueblo estimó que hasta junio quedaron 1.659 huérfanos y huérfanas en el contexto de la pandemia, después de cruzar datos del Ministerio de Salud con la tasa de fertilidad y otras variables.

Entre esas historias, está la de William, de 14 años en Cochabamba, cuyos padres fallecieron por la COVID-19. Ahora, el adolescente brega por mantenerse con un taller de bicicletas que atiende con sus hermanos, pero, a pesar de los obstáculos, se expresa convencido de seguir adelante con su sueño de estudiar Ciencia Política.

En otro caso que llamó la atención en 2020 en Chuquisaca, una joven falleció a causa de COVID estando embarazada. Los médicos lograron salvar a su bebé mediante una cesárea.

La falta de uno o ambos padres a causa de la COVID también ha generado situaciones dramáticas para mujer adultas que, de la noche a la mañana, deben encargarse solas de sus niños. 

En La Paz, existe el caso de una madre que se quedó con cinco hijos, teniendo al lavado de ropa como su única actividad económica. En otro caso dramático, una joven debe ayudar a mantener a sus hermanos y sobrinos, lo cual le obligó a dejar todo para dedicarse a su familia y buscar trabajos eventuales.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en entrevista con ERBOL, señaló que para la atención a huérfanos y huérfanas se advierte la necesidad de un acompañamiento desde las instancias municipales y que se colabore para su situación jurídica y el restablecimiento de sus derechos.

Indicó que existe una normativa amplia de protección a la niñez, pero la implementación es débil. Planteó que, para encarar este tema, se debe visibilizar a la niñez y adolescencia en el marco de la vulnerabilidad en el contexto de la pandemia.

Cruz aseveró que la pandemia ha enseñado que se debe fortalecer los servicios de atención, prevención y protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Advirtió que debido a la situación pandémica y las recientes esos servicios fueron debilitados, por lo cual es urgente atender el área social.

La Defensora indicó que la atención y prevención siempre corresponderá al municipio, pero también mencionó que debe existir responsabilidad del Estado central y la justicia cuando los casos pasen a este ámbito.

Justamente en anteriores días la Defensoría presentó un proyecto de ley para la atención para los menores de edad que quedaron en la orfandad por la COVID, con iniciativas como  la creación del “subsidio de asistencia al desarrollo nutricional” que consiste en la entrega de un paquete de productos alimenticios en especie, cada uno equivalente a 300 bolivianos, becas, inserción laboral prioritaria y la inamovilidad laboral, en el ámbito público y privado, para una de las personas responsables legales del cuidado de las y los huérfanos.