La Misión Técnica en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) hizo un llamado a todos los actores para asegurar el respeto y goce de los derechos humanos en el marco del paro indefinido en Santa Cruz.

Mediante un pronunciamiento, el organismo afirmó que el derecho a la protesta “no puede limitar los derechos de otras personas”, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

“Las víctimas de violencia de género, por ejemplo, deben poder recibir atención por las instituciones competentes y organizaciones de la sociedad civil sin restricciones. La denuncia sobre cualquier limitación debe ser investigada oportunamente”, se lee en parte del documento.

También hizo mención a que los hechos de violencia ocurrido en pasados días con la pérdida de vida humanas, heridos, daños a la propiedad, así como ataques a instituciones y organizaciones sociales “de cualquier naturaleza y de cualquier actor” no tienen cabida “son inaceptables y no pueden repetirse”.

“La denuncia de una violación sexual colectiva de una mujer por un grupo de manifestantes debe ser investigada de manera efectiva y con prontitud”, remarca la OACNUDH.

En ese sentido, demandó la acción de todos los organismos del Estado, en su rol de garante de los derechos y libertades, para •respetar y proteger los derechos humanos, e investigar toda alegación de violación de derechos”.

Santa Cruz cumple 25 días de un paro indefinido en demanda de que el Censo se adelante para 2023, y en pasados días se advirtió que continuar la medida de presión si no se liberaba a al menos 17 personas que fueron aprehendidas por los hechos de violencia del 11 de noviembre.

La OACNUDH instó además a que se debe evitar actos de racismo y discriminación como lo ocurrido en el municipio cruceño de Concepción contra mujeres ayoreas.

El organismo consideró que es esencial proteger la labor de las y los trabajadores de medios de comunicación, garantizar el respeto al debido proceso en el marco de detenciones, y asegurar “en todo momento” el respeto de los estándares internacionales por parte de las fuerzas policiales.