La ANPB expresa su respaldo a los extrabajadores de Página Siete en la demanda contra Garáfulic
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país, expresaron su solidaridad con el grupo de 23 periodistas y extrabajadores del diario Página Siete y respaldaron la demanda laboral contra Raúl Garáfulic y Carlos Saravia por el pago de sus beneficios sociales y salarios devengados.
Ambos representantes legales de la Empresa Editorial Luna Llena, firma dueña del matutino paceño se encuentran fuera del país desde antes de que se anunciara el cierre del medio el pasado 29 de junio dejando a los cerca de 70 exempleados a su suerte y con una deuda de al menos $us 1,5 millones.
“Lamentamos las acciones de dilación, engaño e incluso amenazas veladas que el propietario de Página Siete utilizó para evadir el cumplimiento de sus obligaciones y el enorme sacrificio y privaciones que se les impuso, con adeudos de hasta siete meses de sueldo, que han sido denunciadas por los extrabajadores”, dice el pronunciamiento de la ANPB.
El trato recibido por los exejecutivos del diario paceño, según la ANPB, “no solo refleja irresponsabilidad sino insensibilidad, deslealtad y menosprecio de los mínimos derechos humanos”.
Con el caso de Página Siete se demuestra el incumplimiento de las normas mínimas de protección y prestaciones laborales por parte de los empleadores. A ello se suma la inestabilidad laboral junto con las intimidaciones, agresiones y la violencia los cuales son “graves problemas” que afectan el ejercicio periodístico.
Los extrabajadores de Página Siete cuestionaron el actuar de Garáfulic y Saravia por los compromisos incumplidos para honrar las deudas que se venían arrastrando meses para mantener la estabilidad laboral del personal y el repentino anuncio de cierre del medio, el cual no fue avisado previamente.
La ANPB convocó a los socios propietarios de Página Siete a cumplir con sus obligaciones contractuales y exigió a las autoridades competentes a que puedan garantizar el pago de los haberes devengados y los beneficios sociales en el plazo “más inmediato posible”. //agc