El mismo día en que Jeanine Añez fue ingresada en la cárcel por el caso de supuesto “golpe de Estado”, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó este lunes que se ha presentado ante la Fiscalía General cuatro denuncias para juicio de responsabilidades contra la expresidenta y sus colaboradores.

De las cuatro denuncias, dos fueron presentadas por el Ministerio de Justicia por el caso Fundempresa y FMI, mientras que dos son de parte de particulares con asesoramiento de la entidad gubernamental por el decreto cuestionado por amenazar la libertad de expresión durante la pandemia y el caso de los repatriados de Chile que tuvieron que bregar para ingresar a Bolivia en 2020.

Lima explicó que en el primer caso se acusa a Añez por la ampliación a Fundempresa de la concesión del servicio que se brinda para otorgar matrículas de comercio y el control de la actividad del rubro.

Consideró que la expresidenta tomó esa decisión de manera irregular y sin ningún estudio jurídico.

En el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI), indicó que la denuncia contra Añez es por la otorgación de crédito en 2020, cuya devolución y cobros adicionales con intereses generó recientemente un daño económico al Estado de cerca a 30 millones de dólares.

Reveló que, además de Añez, en ese caso están implicados exministros de Economía, como José Luis Parada, Óscar Ortiz y Branko Marinkovic.

La tercera denuncia, según explicó Lima, se refiere al decreto emitido por Añez durante la pandemia y que fue criticado por su utilización para perseguir a quienes se expresaban contra la política sanitaria del Gobierno transitorio, incluso en redes sociales.

Señaló que, si bien el decreto fue derogado, ya hubo personas detenidas y perseguidos por simples hechos como mandar un meme. 

El cuatro caso fue interpuesto por los bolivianos que fueron impedidos de regresar a Bolivia desde Chile, durante la pandemia. El año pasado, el Gobierno cerró la frontera incluso para ciudadanos bolivianos generándose crisis humanitarias, aunque después la abrió para quienes cumplieron cuarentena previa.    

El ministro Lima explicó que, por procedimiento, ahora la Fiscalía General deberá notificar estos casos ante el Tribunal Supremo de Justicia, que ejerce de control jurisdiccional, y posteriormente a la Asamblea para su autorización por dos tercios.

Indicó que, de no haber dos tercios en la Asamblea para autorizar los juicios, los casos se archivarán. Actualmente el MAS no tiene dos tercios en el Legislativo.

Casos Senkata y Sacaba

Sobre los casos de muertes en Senkata, Sacaba, El Pedregal, Montero y Potosí durante 2019, Lima indicó que existe la posibilidad de esperar el informe del Grupo de Expertos enviado por la CIDH para realizar la proposición acusatoria. El informe se presentaría el 30 de mayo. 

Sin embargo, reveló que las víctimas de los casos están pidiendo presentar ya la proposición acusatoria para juicio de responsabilidades. Indicó que se evaluará jurídicamente el caso para tomar una decisión.