El Gobierno presentó este jueves los resultados de la investigación policial en el caso fraude electoral, en el mismo que se identificaron a ciudadanos mexicanos, políticos aliados del presidente Manuel López Obrador, entre quienes participaron en las presuntas irregularidades.

Según la investigación, mexicanos que llegaron al país antes de las elecciones y que habrían realizado actividades irregulares son parte del Partido del Trabajo, el cual forma parte de la alianza de Andrés Manuel López Obrador.

En el diagrama presentado sobre los mexicanos, el actor principal es Ramón Díaz Avila, quien es comisionado del Partido de Trabajo de México, indicó el viceministro Wilson Santamaría.

La autoridad también identificó a otros mexicanos que llegaron al país, entre ellos figuran partidarios, encargado de redes sociales y coordinador territorial del Partido del Trabajo, además de funcionarios del ayuntamiento de Cuernavaca, de Matamoros, Monterrey, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca.

En general, Santamaría dijo que 21 mexicanos y un venezolano-argentino participaron del grupo que llegó a Bolivia que estaría involucrado en el caso fraude.

Precisó que “los cabecillas” llegaron en agosto de 2019, se reunieron en Palacio, organizaron reuniones, pero el grueso de la gente llegó en septiembre.

Señaló que los extranjeros contrataron tres pisos de un hotel en La Paz y que se está investigando quién pagó por aquello. Agregó que funcionarios del Ministerio de la Presidencia, teniendo residencia en La Paz, también se alojaron en el mismo lugar.

Según Santamaría, cuando se evidenció el fraude, los mexicanos salieron del país entre el 21 y 23 de octubre de 2019. 

“Ojalá tengan la valentía y la decencia de responder ante la democracia de América, para decir porque se entrometieron en asuntos internos, por qué violentaron nuestra soberanía en materia de política exterior confabulando con el señor Morales, el señor García Linera, el señor Héctor Arce”, instó.

La Procuraduría General del Estado indicó, con anterioridad, que los mexicanos junto a informáticos participaron en reuniones en la Casa Grande del Pueblo y usaron software de análisis demográfico para preparar los actos presuntamente irregulares.