La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW, Observatorio de Derechos Humanos en español) sostuvo que el Decreto 4200, que emitió el Gobierno de Bolivia en la lucha contra el Covid-19, amenaza la libertad de expresión, puesto que incluye una disposición excesivamente amplia y vaga que habilita a las autoridades a procesar penalmente a quienes critiquen políticas públicas.

“El gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’, y esto viola el derecho a la libertad de expresión”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. 

La disposición cuestionada es el artículo 13.II del Decreto 4200, el cual estipula que las “personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.

HRW observó que el decreto no precisa qué acciones o declaraciones podrían considerarse como “desinformación” o como actos que “generen incertidumbre a la población”. 

“Este lenguaje ambiguo, sin una clara definición legal, podría dar lugar a abusos para silenciar opiniones o comentarios plenamente protegidos por el derecho a la libertad de expresión”, señaló Human Rights Watch.

Indicó también que entre los delitos contra la salud pública, previstos en el Código Penal, no se contempla delitos de opinión, como desinformar ni generar “incertidumbre a la población”, tal como se señala en el decreto, ni tampoco otras hipótesis en que se pueda incurrir cuando se hagan comentarios públicos.

HRW también observó que altos funcionarios bolivianos han mencionado expresamente a opositores políticos como posibles blancos de procesamiento por “desinformar”. Mencionó al respecto a declaraciones del ministro Arturo Murillo y Rafael Quispe acusaban al MAS por la desinformación.

“Si bien hasta ahora el gobierno ha acusado de ´desinformación´ únicamente a miembros del MAS, sin aportar pruebas, el decreto y las declaraciones amenazantes de algunas autoridades podrían tener un efecto intimidatorio para el resto de la población”, advirtió Vivanco. 

“Periodistas, profesionales de la salud, personas que denuncien irregularidades y usuarios de redes sociales en general pueden razonablemente temer ser procesados penalmente si critican o dan a conocer fallas en la respuesta del gobierno al Covid-19”, agregó.

En ese marco, HRW recomendó que el Gobierno debería derogar de inmediato la disposición observada del decreto. A su vez, sugirió a otras autoridades que interpongan un recurso de inconstitucionalidad para que se revise la constitucionalidad de esta disposición.