El director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó como un “disparate” la acusación contra la expresidenta Jeanine Añez por el delito de genocidio dentro del juicio de responsabilidades que se busca impulsar por los hechos de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en El Alto, en 2019.

En una publicación en Twitter, consideró que el informe final que brindó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aportó con “pruebas sólidas” de la participación de la Policía y Fuerzas Armadas para desarrollar una investigación, sin embargo, cuestionó uno de los cargos que se busca atribuir a la exmandataria.

“El #GIEIBolivia ha aportado pruebas sólidas de la participación de fuerzas de seguridad en dos horrorosas masacres. Pero acusar a @JeanineAnez de "genocidio" es un disparate. Estos cargos desproporcionados dificultan la justicia imparcial para las víctimas (sic)”, se lee la publicación.

Además de genocidio, se encuentran los delitos de lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte, de acuerdo con el requerimiento acusatorio que presentó la Fiscalía General del Estado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con sede en Sucre, la pasada semana.

La denuncia es por los hechos luctuosos ocurridos el 15 y 19 de noviembre de 2019 en el sector del puente Huayllani, del municipio de Sacaba, Cochabamba, y cercanías a la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata en la ciudad de El Alto. La denuncia fue admitida en julio.

Entre las conclusiones del GIEI se estableció que entre septiembre y diciembre de 2019 hubo “graves violaciones a los derechos humanos” en el país y señaló que lo ocurrió involucra la responsabilidad del Estado por actos de “agentes estatales y de particulares”.

De las jornadas de violencia, tras el conflicto poselectoral, al menos 37 personas perdieron la vida y  otras centenares resultaron heridas de sectores sociales producto de las intervenciones policiales y militares.

Según el Código Penal, el genocidio se da en los casos contra quien o quienes con propósito de destruir total o parcialmente a la población boliviana, nación o pueblo indígena originario campesino, comunidades interculturales, afrobolivianas, o segmento de ellos, o grupo de un credo religioso, diere muerte o causare lesiones a sus miembros, o los sometiere a condiciones de inhumana subsistencia o de asimilación forzosa, o les impusiere medidas destinadas a impedir su reproducción, o realizare con violencia el desplazamiento de niños o adultos hacia otros grupos, será sancionado con privación de libertad de quince (15) a treinta (30) años.