El gobierno del presidente Luis Arce, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, denunció ante la comunidad internacional una serie de acciones que, afirma, buscan desestabilizar el sistema democrático en Bolivia, señalando que estas ocurren a pesar de las reiteradas convocatorias al diálogo.

Según el comunicado, el anuncio de un cuarto intermedio en el bloqueo de rutas -que no se va a concretar- y su sustitución por una huelga de hambre solo es un estratagema para reducir el impacto negativo de la medida sobre el líder de la protesta y para llamar la atención de la comunidad internacional.

La intención, sostiene el Gobierno, sería forzar un recorte en el mandato de Arce, lo que atribuyen a un proyecto político que "nada tiene de progresista ni de izquierda".

Además, el Gobierno denunció la toma de tres unidades militares en el Chapare, Cochabamba, donde grupos irregulares habrían retenido a más de 200 militares y tomado posesión de armamento y municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Según el comunicado, este hecho, calificado como "grave delito" por el Ejecutivo, se presenta como una amenaza directa contra la seguridad de la población, con posibles consecuencias de gran magnitud.

Pese a estos sucesos, el Gobierno ha reiterado su disposición al diálogo con los diversos sectores sociales del país, aunque advirtió que dicho proceso no será posible mientras continúen, según ellos, "abusos contra el pueblo boliviano" por parte de grupos a quienes acusan de actuar en beneficio de un exmandatario con intereses personales y electorales.

Se informó que el operativo de restablecimiento de la circulación en las rutas del país, enmarcado en las atribuciones constitucionales, continuará hasta devolver la normalidad a la población.

Las autoridades advirtieron que quienes participen en actos contrarios a la ley serán aprehendidos y puestos a disposición del Órgano Judicial, enfatizando que "nadie en el país puede estar por encima de la ley".