A 16 DÍAS DE LA MEDIDA DE PRESIÓN
Título: 

Gobernador de Santa Cruz pide al Gobierno declarar estado de excepción en los lugares afectados por los bloqueos

El gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera. Foto: GADSCZ

Al cumplirse 16 días del bloqueo de carreteras, el gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, demandó este martes al Gobierno emitir la declaratoria del estado de excepción en los lugares afectados por la medida de presión “evista”.

En un mensaje emitido en redes sociales, la autoridad departamental exigió a la Policía garantizar la libre circulación de las personas, mientras que a la Fiscalía iniciar, de oficio, las investigaciones por las agresiones sucedidas contra más de diez efectivos del orden y periodistas en Mairana.

“Demandamos al Gobierno nacional emitir el decreto de régimen de excepción en los territorios en conflicto, conforme la normativa vigente, y remitirlo de manera inmediata a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación”, afirmó.

La medida de presión, impulsada por organizaciones sociales “evistas” comenzó el 14 de octubre. Desde ese día, cientos de personas, camiones con diferentes productos, cisternas, entre otros, se vieron perjudicados para transitar. Cochabamba es el departamento más afectado.

Aguilera expresó su rechazo a los bloqueos y la violencia en Santa Cruz y en todo el país y se sumó al reclamo de que se liberen las vías para permitir la libre circulación de carreteras y evitar mayores efectos negativos en la economía.

El artículo 137 de la Constitución Política del Estado señala que: “en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, la Presidenta o el Presidente del Estado tendrá la potestad de declarar el estado de excepción, en todo o en la parte del territorio donde fuera necesario”.

Su declaratoria no podrá “en ningún caso suspender las garantías de los derechos, ni los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad”. Su vigencia dependerá de la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ///agc