En su texto y presentación de informe sobre los hechos de 2019, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aclaró que su trabajo no tuvo el objetivo de dilucidar si hubo “golpe de Estado” o “fraude” en 2019, incluso menciona a ambas situaciones como “supuestas”.

“El GIEI no ingresó en dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral constituyeron fraude o golpe de Estado. Ni tampoco consideró las denuncias recientes referidas a participación de otros Estados en la provisión de armas que se habrían usado para la represión del conflicto, por considerar que estos tres asuntos no son parte del mandato que recibimos”, dijo Patricia Tappatá, integrante del Grupo en la presentación.

En el texto del informe se ratifica esa aclaración y señala que ambos narrativas fueron usadas como “elementos de contexto para la investigación de los hechos de violencia y las violaciones de los derechos humanos”.

“La convulsión social se debió a la polarización entre los que adhirieron al paro cívico contra el supuesto fraude electoral y aquellos que denunciaban la existencia de un, también supuesto, golpe de Estado”, describe el informe en su contexto sobre los hechos de 2019.

Sin embargo, el presidente Luis Arce argumentó párrafos de informe del GIEI para argumentar que hubo un “golpe de Estado”, como la mención de que Jeanine Añez se proclamó en una sesión sin quórum y que existe una diferencia entre una sugerencia y un ultimátum respecto los pronunciamientos de las fuerzas de seguridad para la renuncia de Evo Morales en 2019.

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, consideró que "la tesis del Golpe de Estado volvió a desvirtuarse". Aseveró que en el informe menciona que renuncia de Evo generó un "vacío de poder" y que además la violencia contra la población inició en el gobierno de Morales.

En el apartado sobre las sugerencias de renuncia de la Policía y Fuerzas Armadas hacia Evo Morales, el informe del GIEI ratificó que su mandato “no comprende evaluaciones sobre la existencia o no de un fraude electoral ni sobre la ocurrencia o no de un golpe de Estado”, pero sí señaló que las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas y controladas por el poder civil.

El Grupo también señaló que “para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas”.

El informe también hace referencia al tema de la reelección y menciona que Evo Morales había señalado, antes y después del referendo de 2016, que respetaría los regustados, pero posteriormente legisladores del MAS impulsaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la limitación de reelecciones.

El texto indica también que las manifestaciones en contra de la reelección indefinida fueron desestimadas por el Gobierno en varias ocasiones y que Morales afirmó que se trataba de “manifestantes que no sabían realizar marchas”, e incluso se ofreció a enseñarles cómo se organizan ese tipo de movilizaciones de presión social.