Desde detonaciones para exploraciones sísmicas, “venteos” de gas, deforestación y muerte de fauna, hasta consolidación de colonización, derrames petroleros en ríos y exterminio cultural de pueblos: son algunos de los impactos que el activista catalán e investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Marc Gavaldà, ha registrado durante 20 años en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, como parte del colectivo Alerta Amazónica.

El experto -entrevistado en el programa “Verdades ocultas: La hora de la naturaleza”- advierte que la contaminación está presente en todo el proceso, desde la exploración a la explotación, transporte e industrialización de los hidrocarburos. En todos los casos, las comunidades expuestas a los impactos socioambientales apenas forman parte de la cadena menos calificada del trabajo obrero, sin garantías sobre la soberanía de sus territorios.

El colectivo Alerta Amazónica, que estuvo en el norte de La Paz y en Pando realizando una investigación sobre las iniciativas extractivas del gobierno boliviano en esa zona, declara que: “el petróleo tiene casi 100 años de historia y lamentablemente no se ha evolucionado en cuanto que la industria petrolera no sea contaminante. Mira, yo llevo 20 años recorriendo explotaciones petroleras y todavía no he encontrado una concesión petrolera que no haya contaminado el territorio”.

La pesadilla del petróleo en la Amazonía

El experto cuenta el caso de las líneas sísmicas que abandonó Repsol en el extremo sur del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro  Sécure (TIPNIS), colindante con el Chapare; pues estas líneas fueron aprovechadas para explotar madera, minerales y para consolidar la colonización del denominado polígono 7 por cocaleros.

En el caso del pueblo tacana, ubicado en la TCO Tacana II, la organización indígena evitó que se dañen los bosques de castañas en las exploraciones sísmicas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia (YPFB) en 2016. Pese a haber sido un pequeño logro, explica Gavaldà, estas exploraciones siempre tiene secuelas: alejan a la fauna, provocan daños erosivos, dañan capas subterráneas de agua y –mucho peor- propician la penetración de terceros al territorio: “La gente no vincula mucho lo que es la exploración sísmica con lo que significa la explotación de una concesión petrolera; y esto es bastante peligroso porque las comunidades acaban negociando, defendiendo sus derechos por el tema de la exploración sísmica pero no lo vincula a lo que viene después. ¿Qué es lo que viene después? viene la perforación de pozos”.

Según Gavaldà, el impacto más complejo que tiene la explotación petrolera en la Amazonía está en el proceso de industrialización, que afecta a todo el ecosistema sensible y a la población del territorio, debido a la zona de ubicación de los pozos que al menos se despliega en dos hectáreas, las carreteras que se hace sobre la selva para vincular campamentos, el desplazamiento de maquinarias pesadas por tierra y río. En este último caso, existen casos en Bolivia de contaminación de ríos y decrecimiento de pesca, provocado porque los ríos se convierten en hidrovías para la explotación, como evidenció Gavaldà en el yacimiento Camisea, en la cuenca baja del río Urubamba.

Además de la extracción del recurso y los cambios contaminantes en la zona, el activista denuncia que la población impactada solo es tomada en cuenta para los trabajos de baja calificación, como la trocha, vigilancia de la zona, monitores ambientales y sin garantías sobre su integridad: “En el año 2005, tuve la oportunidad de acompañar a una comisión de derechos humanos desde Cochabamba a la zona de explotación de petróleo de Pluspetrol, filial en ese momento de Repsol, en el pozo Yapacaní. Ahí hubo una deflagración de gas donde murieron quemadas tres personas. ¿Qué pasó? Ellos fueron a pescar en una cocha y al encender un cigarro fueron quemados vivos porque se estaba venteando ilegalmente gas a la atmósfera (…) El convenio que estableció Repsol con la familia, una señora viuda, fue pagar el entierro. Pero ella perdió un marido, un hijo y otro quedó totalmente inhabilitado”.

Estado extractivista

Según Pablo Solón, todas las iniciativas extractivas del Estado van acompañadas de un cambio en el discurso del gobierno boliviano: “en un principio se decía que el extractivismo era una fase de transición hacia el ‘vivir bien’. Hoy, se pasa a decir que el extractivismo es un fin en sí mismo. Y lo que estamos viendo en el caso boliviano no es una diversificación de la economía, sino una diversificación del extractivismo”. 

Para Gavaldà el caso boliviano encarna el concepto del “Estado extractivista”: “Un estado es extractivista más allá de todo lo que es la exportación de materias primas sin valor agregado, con generación de enormes pasivos ambientales, degradación de los derechos humanos de la población; es también la generación de unas dinámicas donde una élite gobernante está totalmente vinculada y comprada por los beneficios de este extractivismo y es lo que está pasando hoy en día en Bolivia”, manifestó.