El fiscal departamental de La Paz, William Alave, determinó confirmar el sobreseimiento de 24 personas, dejándolas libre de culpa dentro de la investigación por la quema de unidades policiales y otros desmanes que se registraron en El Alto la jornada del 11 de noviembre de 2019, durante las manifestaciones que se desataron tras la renuncia de Evo Morales.

El documento fue revelado por el representante de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, quien indicó que la primera resolución de sobreseimiento fue emitida el año pasado y que la misma fue ratificada recientemente por el Fiscal Departamental, tras una impugnación presentada por la Policía.

Los hechos investigados en este caso son del 11 de noviembre de 2019, un día después de la renuncia de Evo Morales. Ese día varias unidades policiales de El Alto fueron quemadas por manifestantes. 

Inca aseveró que esa jornada se generaron movilizaciones como reacción a la quema de la bandera Wiphala que habían protagonizado efectivos policiales. Si bien no negó las quemas de las unidades del verde olivo, señaló que las 24 personas ahora liberadas de culpa, fueron detenidas entonces de manera injusta y que no se les pudo comprobar las acusaciones.

“Son alteños, son hermanos trabajadores gremiales, son vecinos de familia, son trabajadores normales que han sido detenidos injustamente, torturados y han sido procesados injustamente. Entonces, la Fiscalía no ha encontrado ninguna autoría intelectual”, dijo Inca.

Tras los hechos del 11 de noviembre de 2019, estas 24 personas fueron imputadas por los delitos de robo agravado, asociación delictuosa, organización criminal, tenencia y porte o portación. 

Sin embargo, en la resolución de sobreseimiento se señala que hay una “insuficiencia  de elementos de convicción, para establecer de manera objetiva la participación de los imputados en los hechos suscitados en fecha 11 de noviembre de 2019”, liberándoles de culpa de “la apropiación ilegal de objetos de uso policial, destrucción de instalaciones policiales y quema de activos fijos”.

El representante de DDHH de El Alto recalcó que estas personas fueron detenidas de manera injusta, no tuvieron derecho a la defensa y que incluso se les había “plantado” pruebas en sus mochilas.

Señaló que el tema principal de investigación en este caso era la quema de las unidades policiales y hechos como robo a tiendas, pero reiteró que n se comprobó la autoría de los 24 acusados.   

El activista negó que haya alguna influencia política para esta decisión de la Fiscalía, porque consideró que de haber sido así el sobreseidito habría salido al día siguiente de la posesión de Luis Arce y no un año después.

Aclaró que aún la Policía puede impugnar esta decisión, pero espera que esto no ocurra. De haber una nueva impugnación, el caso pasará a manos del fiscal general Juan Lanchipa.