Unos 200 exempleados del cerrado Ministerio de Culturas ganaron una acción de amparo interpuesto ante la Sala Constitucional Segunda de La Paz, donde los jueces concedieron un plazo de diez que corre a partir de este lunes para que el ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas ordene la cancelación de sueldos pendientes y vacaciones acumuladas hasta el cierre de esa cartera de Estado dispuesto por la presidenta Jeanine Añez.

La audiencia virtual se llevó a cabo el pasado viernes con la participación del representante legal del Ministerio, de la parte accionante y en ausencia de la extitular Martha Yujra, quien fue la última ministra de Culturas desde en noviembre del año pasado cuando se constituyó el gobierno transitorio.

El abogado de los exempleados José Hernández informó a Erbol que se trata de dos momentos diferentes: el primero se abre en noviembre de 2019 tras la posesión de Martha Yujra quien entró a despedir a varios empleados en un proceso que duró hasta febrero de este año, sin considerar que había vacaciones acumuladas pendientes de pago.

La segunda etapa comienza en junio de este año con el inesperado cierre del Ministerio que derivó en el despido de empleados nuevos y antiguos sin pagarles tampoco sueldos y vacaciones, dejando colgados a varios exempleados, entre ellas madres solteras, madres y padres que llevaban el sustento a sus familias.

Por ese motivo, en junio pasado interpusieron la acción de amparo que no pudo programarse debido a la pandemia. La audiencia recién se llevó a cabo el viernes con el resultado favorable a los exempleados y con la responsabilidad abierta para el ministro Cárdenas, quien por efecto del decreto supremo 4257 es la autoridad encomendada para asumir las obligaciones sociales y laborales.

Hernández explicó que el ministro fue notificado en audiencia virtual, mientras que la extitular Martha Yujra no ingresó lo cual, sin embargo, no impidió que se desarrolle la audiencia donde la defensa acreditó el daño vigente a los derechos sociales y la obligación del Ministerio cerrado por la presidenta Añez, con el argumento de austeridad para, supuestamente, liberar recursos y destinarlos a la atención de la pandemia del coronavirus.

Dijo que el Ministerio tenía 278 funcionarios con ítems, otra cantidad figuraba bajo contratos, algunos fueron transferidos a otros ministerios, la mayor parte despedidos y un pequeño grupo se quedó por efecto de la fusión al Ministerio de Educación.

Hace dos semanas, los exempleados protagonizaron un mitin de protesta en las afueras del Ministerio ante la falta de una respuesta efectiva de las autoridades administrativas. Ahora con el fallo, la obligación saltó la burocracia de los subalternos y subió a instalarse en el despacho del ministro Cárdenas.

El abogado advirtió que las resoluciones de amparo son de cumplimiento obligatorio porque caso contrario se activaría una responsabilidad penal que podría configurar delito de incumplimiento en el pago de vacaciones y salarios, cuyo monto global no fue precisado por la defensa técnica.