La opositora Comunidad Ciudadana conminó al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, a convocar una sesión la próxima semana para tratar con urgencia las modificaciones del Senado al Presupuesto General del Estado (PGE)-2024 y la Ley que pide la auto prórroga de mandato de los magistrados del Órgano Judicial que deberían cesar en sus funciones el próximo 2 de enero.

La segunda vicepresidenta, Luisa Nayar, advirtió que, en caso de no ser escuchados, activarán un proceso penal por incumplimiento de deberes "debido a su incapacidad para llevar adelante sesiones plenarias", dado que hay más de 100 proyectos de ley que ya tienen informe para su tratamiento.

La demanda de la oposición surge después de que el pleno de la Asamblea Legislativa rechazara la propuesta de receso para las festividades de fin de año. Se argumenta que hay tareas pendientes de vital importancia, como la aprobación del Presupuesto y la controvertida prórroga ilegal de mandato de los magistrados del Órgano Judicial.

Tras el rechazo, se vislumbra la necesidad imperativa de seguir trabajando para abordar y resolver ambas cuestiones pendientes. La decisión de no conceder el receso resalta la urgencia de abordar estos asuntos cruciales que impactan directamente en el funcionamiento y la legitimidad del sistema judicial y financiero del país.

El Senado aprobó el proyecto de Ley "Para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III, y 200 de la Constitución Política del Estado" y el pasado lunes lo remitió a la Cámara Baja para su revisión. Sin embargo, dicho proyecto de ley fue rechazado a nivel de la Comisión de Constitución, que debe elevar su informe al pleno de Diputados, donde finalmente se decidirá el destino de ese proyecto de ley.

La ley consta de dos artículos. El primero deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023, y el segundo dispone que los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y miembros del Consejo de la Magistratura cesarán sus funciones el 2 de enero de 2024.

Otro tema pendiente de consideración es el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE), que el pasado miércoles fue aprobado con modificaciones por la Cámara Alta. Dentro de estos cambios, fueron rechazados los artículos 7 y 8 referidos al endeudamiento público mediante emisión de títulos en mercados de capital externos y a ingresos públicos para el Presupuesto.

A exigencia de la oposición, el artículo 14, mediante el cual las empresas públicas del nivel central del Estado quedaban facultadas para realizar alianzas estratégicas para la colocación de inversiones con empresas nacionales o extranjeras, fue ajustado para evitar que esa gestión suene a un proceso de capitalización.

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, rechazó, entre otros cambios, estas dos modificaciones. Sin embargo, en caso de que la Asamblea no logre ratificar los cambios ni aprobar el texto de la ley, el presidente Luis Arce podría poner en vigencia a través de un decreto supremo.

En relación al tema de las elecciones judiciales, la diputada Luciana Campero responsabilizó a una especie de consorcios que habrían constituido los magistrados junto a algunos fiscales y abogados para impedir que haya elecciones judiciales y de esa manera pueda seguir circulando mucho dinero en torno a la administración de justicia.

Pero también culpó al presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jauregui, por haber propiciado el rechazo al proyecto de ley enviado por el Senado y no haber convocado más sesiones.

Lamentó que, pese a las denuncias en su contra que tocan la calidad moral del legislador masista, el oficialismo nuevamente haya puesto en sus manos una comisión tan importante para bloquear el tratamiento de proyectos de ley como el caso de la cesación de sus magistrados.