El Gobierno decidió eliminar una disposición del Decreto Supremo 181, que permitía a las empresas públicas realizar todas sus contrataciones de manera directa.

“Con esto se comienza a desmontar todo ese esquema que facilitaba la corrupción que montó el MAS”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz.

La disposición en cuestión está en el inciso a) del artículo 83 del Decreto de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS). Dicho texto permitía a las empresas públicas nacionales estratégicas “realizar todos sus procesos de contratación de bienes y servicios de manera directa”.

Ortiz señaló que ahora las empresas estatales deben ajustarse a las normas de contratación del sector público para realizar sus procesos de compra, a través de la licitación.

Aclaró que existen excepciones fijadas en el mismo Decreto para casos de urgencia como pagos de energía eléctrica o repuestos, sin embargo, aseguró que ahora la contratación directa será excepcional y no una regla. 

Anteriormente, desde que era senador, Ortiz ya había denunciado que el MAS utilizaba la contratación directa para hechos de corrupción.