El ministro de Justicia, Iván Lima, expuso elegir a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional a través de una modalidad ratificatoria, que involucraría conformar un panel ciudadano que coadyuve en la evaluación de las y los candidatos, y que concluya en una preselección que será presentada en una papeleta en la que, el ciudadano, sólo deberá responder a una pregunta en la que ratifique o no el trabajo de preselección realizado por este panel y la Asamblea Legislativa.

La exposición del ministro Lima se dio en el Foro Político Multiactor sobre Desarrollo organizado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) y que reúne a representantes de organizaciones de la sociedad civil, de la cooperación internacional, de la empresa privada, de medios de comunicación, de la Academia y del Estado.

Explicó que la papeleta de sufragio de las elecciones judiciales de 2023 no sea “una sabana” de nombres, sino una papeleta en la que el ciudadano tenga dos opciones “Sí” o “No” para ratificar el trabajo de preselección de los candidatos a las altas magistraturas judiciales.

“Este último elemento es el disruptivo o novedoso. En la próxima elección no darles a ustedes los ciudadanos una sabana con el nombre de 52 personas, plantearles una sola pregunta: ¿está usted de acuerdo con la elección del señor o señora como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia? Y el ciudadano marque sí o no, que ratifique el buen trabajo que haga el panel, los ciudadanos que hagan la preselección y la Asamblea Legislativa”, explicó Lima.

Respecto al panel, indicó que éste debe ser conformado por juristas destacados. Puso el ejemplo de otros países en donde el Colegio de Abogados interroga a los candidatos. Indicó que este panel es el que deba conocer a las y los candidatos y reciba la información de los ciudadanos sobre éstas y éstos.

Juan del Granado: “La calificación no debe estar en manos de ningún organismo político”

En el Foro, además, participó como expositor el abogado y exalcalde de La Paz, Juan del Granado, quien presentó su propuesta de Reforma Judicial vía Referendo Popular en la que demandó que la preselección de candidatos al Órgano Judicialno esté en manos de ningún organismo político.

“Que la calificación de méritos no esté en manos de ningún organismo político, que la calificación esté integrada por ciudadanos: dos de ellos elegidos por la Asamblea, dos por el sistema universitario, uno de ellos por el Colegio Nacional de Abogados y un sexto por el sistema de justicia indígena originaria. Son seis personalidades. Hay observaciones, pero es una propuesta, para que esas seis personalidades convoquen y califiquen méritos, de manera cerrada, ternas cerradas con calificación de 75 puntos como mínimo”, propuso.

Cuestionó que en las dos pasadas elecciones judiciales no se tomó en cuenta la meritocracia. Citó el caso de un candidato que se postuló en las elecciones de 2011 y que presentó su doctorado en ciencias jurídicas ante la comisión mixta de la Asamblea Legislativa y “un diputado del MAS le dijo que guarde su título, porque no queremos sabios aquí”. “¿Qué se calificó? ¿La sabiduría y la sapiencia jurídica? No, se calificó estrictamente las afiliaciones y afinidades políticas”, concluyó Del Granado de los pasados procesos judiciales.

Sobre su propuesta, explicó que consiste en tres cimientos. El primero la calificación de méritos desde la ciudadanía. El segundo: destinar recursos, el 3% del presupuesto del Estado a la justicia. Y el tercero, justicia para todos a través de la justicia de paz, con conlleva la designación de jueces ciudadanos para conciliar problemas menores.

Preguntas al ministro Lima

En la ronda de preguntas, asistentes al foro le consultaron al ministro Lima sobre cómo garantizar la preselección de los juristas más idóneos, cuando en la última elección se preseleccionó a candidatos que tenían puntajes bajos y quienes habían acumulado puntajes más altos no fueron tomados en cuenta. Así también se consideró que la justicia requiere una transformación de fondo y libre de la injerencia del gobierno.

Lima indicó que esta propuesta se enmarca en el desconocimiento de los candidatos que se tuvo en las dos pasadas elecciones judiciales, en ahondar el rol de independencia de la justicia y elevar los estándares en la preselección de candidatos.

Para llevar adelante este cambio, indicó, no se requiere modificar la Constitución, pero sí generar una ley “con amplio consenso” que establezca este mecanismo de preselección.