Como consecuencia del paro en Santa Cruz que ya lleva 33 días por la población que exige una ley del Censo, el departamento presenta una subida en los porcentajes de inseguridad alimentaria, índice de precios al consumidor y acceso de alimentos. La situación afecta al resto del país.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, adelantó que presentará una queja formal ante organismos internacionales por la vulneración de los derechos humanos.

El porcentaje de inseguridad alimentaria en la capital cruceña se incrementó entre octubre y noviembre, meses en los que se viene realizando la movilización en la ciudad. 

“Antes del paro Cívico en Santa Cruz, nuestro índice de inseguridad alimentaria estaba rondando los 57,8%, actualmente a nivel nacional está 60,2%”, señaló el ministro. 

Antes del paro, afirmó que se estaba manteniendo la inseguridad alimentaria en el departamento y particularmente en la ciudad con 52,31%, sin embargo, se incrementó en 55,3% hecho que estaría repercutiendo en el índice a nivel nacional.

En cuanto a los indicadores de precios al consumidor de este año, informó que enero inició con un 0,35%, se mantuvo con cifras parecidas hasta marzo con 0,43% y descendió levemente en abril hasta -0,2%. 

El repunte se dio entre los meses de mayo (1,03%), junio (2,17%) y julio (2,10%), época en la que empieza el invierno y suben los precios, especialmente de la carne. En agosto hubo un descenso considerable, llegando al 0,66%. 

A inicios de septiembre hubo una mejora, hasta que comenzó el paro y las cifras se dispararon, llegando a situarse en 1,2% a  4,17%.

“Con esto nosotros estamos muy preocupados”, dijo, debido a que Santa Cruz pasó de un promedio del 0,91% a 4,17%, lo cual representa un incremento del 358%.

“No se puede generar condiciones adversas en el acceso a los alimentos, sobre todo a los sectores más pobres, humildes y vulnerables del país”, enfatizó Gonzales.

Por otro lado, la producción agrícola se ve afectada porque el trabajador no puede ingresar sus productos al mercado para la comercialización, mostrando una subida del 1,75%. 

Lamentó también que la población tampoco puede “acceder a la comida por los bloqueos” porque no puede llegar a los centro de abastecimiento y además, debido a la falta de recursos. 

Sobre los bloqueos

Gonzales reflexionó que los ciudadanos protestantes “pueden tener todo el derecho a la movilización, al bloqueo, pero no tienen el derecho de bloquear el alimento a las familias bolivianas,  y particularmente a los que viven en Santa Cruz”. 

Adelantó que desde su ministerio presentarán una queja formal ante entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud y el Programa Mundial De Alimentos de la ONU, porque se “está afectando el derecho que tiene todo ser humano a la alimentación”.

Recalcó que la inseguridad alimentaria trae consecuencias como problemas de salud, depresión y deviene en problemas de auto consumirse el propio cuerpo.