Dos diputados de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) asumieron el compromiso de investigar la autorización municipal para la construcción del “Green Tower” de 46 plantas y una altura de 163 metros, construidos con inversión de 50 millones de dólares, financiados por el político y empresario Samuel Doria Medina en la residencial zona de Calacoto, al sur de la ciudad de La Paz.

El compromiso surgió el pasado jueves ante más de un centenar de personas que asistieron a una audiencia pública, convocada por el diputado de la circunscripción 7 Miguel Roca para analizar los alcances de la Ley Municipal 467 de Regularización de Construcciones fuera de norma. El foco de los cuestionamientos era el proyecto inmobiliario Las Loritas y 40 edificios que, según Roca, tienen fallas estructurales.

Durante la ronda de participación ciudadana, un arquitecto preguntó a los organizadores del por qué no estaba incluido el “Green Tower”, siendo que fue construido en una zona donde, según la normativa municipal, están prohibidas construcciones de esa magnitud.

El diputado Ingvar Ellefsen Dotzauer de la C-8 que acompañó a Roca en la testera, compartió la preocupación del arquitecto y dijo que tomará la iniciativa de formular una petición de informe escrito desde la Cámara de Diputados dirigido al Gobierno Municipal de La Paz.

Roca, quien celebró en sus redes sociales la gran afluencia al debate sobre “edificios chutos”, explicó que la razón por la que no fue incluido la “Torre Verde” es que sí cuenta con una autorización, aunque admitió no conocer los detalles.

Sin embargo, recalcó que “cuando la norma dice sin límite de altura exige retiros en todos los lados y entiendo que no ha cumplido. No lo he constatado, pero sí tiene autorización formal y esa es la gran diferencia; pero apoyo, voy a firmar con mi colega Ingvar la petición de informe para saber exactamente cómo fue la autorización de esa obra vistosa en la zona sur de La Paz”, manifestó.

El Green Tower es el edificio más alto de Bolivia, es sismorresistente y fue construido con servicios de alta tecnología, seguridad y cuenta con 85 departamentos y 55 oficinas.

El diputado Ellefsen precisó que impulsaron la audiencia pública porque el alcalde Iván Arias no asiste a las peticiones de informe oral ni responde a peticiones de informe escrito porque – según él - “aparentemente tiene una clara complicidad con todo su Concejo”. 

Advirtió que, si Arias no asiste a la siguiente petición de informe oral será sancionado por el plenario de la Cámara de Diputados.

Entre las conclusiones del evento, Roca destacó el hecho que varios funcionarios municipales que denunciaron construcciones irregulares, ahora enfrentan procesos penales y resaltó el problema de los loteadores por falta de la definición de límites en la zona sur.

En relación a la Ley 467, motivo central de la audiencia pública, dijo que hay un consenso en sentido que tiene una parte buena y otra parte perversa.

Compartió la idea de enviar una Minuta de Comunicación, recomendando separar la parte bondadosa de la ley que es la regularización en favor de miles de familias que no pueden contar con el derecho propietario de su vivienda y separar la parte perversa que es la violación sistemática de la norma para beneficio de unos cuantos y detrimento de mucha gente.

Ratificó que el alcalde Arias será nuevamente convocado por la Comisión de Autonomías de la Cámara de Diputados para que responda en audiencia pública a una serie de preguntas y quejas que ya entregaron vecinos de varias zonas que se vieron afectadas por las construcciones fuera de norma.