El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, afirmó este sábado que no corresponde “un borrón y cuenta nueva” y dejar pasar las conductas delictivas que se registraron durante el paro de 36 días convocado por los líderes del paro cívico en Santa Cruz.

El legislador oficialista rechazó las declaraciones del gobernador Luis Fernando Camacho y del presidente cívico Rómulo Calvo, quienes denunciaron "persecución política" contra los líderes cívicos tras la afirmación del presidente Luis Arce que los hechos producidos en el paro no quedarán en la impunidad.

Sostuvo que las afirmaciones de Camacho y Calvo son irracionales, arbitrarias y temerarias porque no tienen ningún fundamento para sostener que hay “persecución política”, cuando lo que existe es la activación de mecanismos investigativos sobre los hechos registrados en las distintas rotondas durante la protesta cívica en demanda del censo 2023.

Dijo que existen personas que han sido golpeadas, maltratadas y vejadas. ¿Y esto se va a olvidar? Existen denuncias activadas por particulares por delitos contra la propiedad privada en los bloqueos en la ciudad de Santa Cruz, comentó.

Jauregui afirmó que lo único se ha dicho es que se va a respetar el trabajo que haga el Ministerio Público para que se pueda investigar a las personas que materialmente cometieron delitos y a los autores intelectuales de estos delitos.

En consecuencia, aseguró, “no existe ninguna persecución política ni actos extralegales para encarcelar a los representantes cívicos; lo único que existen, son actos investigativos”, remarcó.

Sin embargo, indicó que ningún acto violento producido en Santa Cruz o en otro lugar del país, puede ser objeto de admisión y tolerancia porque hay un estado de derecho.

Desde de la Cámara Baja, el diputado del MAS, Juan José Huanca, informó una petición de informe escrito dirigido al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, para haga conocer cuántos procesos existen en contra del gobernador Luis Fernando Camacho, por la vulneración de derechos y los hechos violentos suscitados en los 36 días de paro cívico.