El ministro de Justicia, César Siles, indicó que ha recibido información en sentido que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene 43 acciones en revisión sobre las elecciones judiciales, producto de la interposición de acciones de defensa por parte de postulantes desafectados.

Aclaró que esta cifra no incluye los recientes fallos emitidos por las salas constitucionales de Pando y Beni. En el primer caso, se ordenó declarar desierta la convocatoria, mientras que, en el segundo, se devolvieron las listas al Legislativo para que se incorpore a un aspirante al Tribunal Supremo de Justicia, cuya valoración fue incorrecta.

Siles, citado por la agencia estatal de noticias, afirmó que, hasta la fecha, sin contar las cuatro últimas acciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene "en grado de revisión 43 acciones de amparos constitucionales, acciones de cumplimiento e incluso acciones populares".

La autoridad manifestó su preocupación por el destino de estas acciones de defensa, ahora en manos del TCP. A través de un comunicado, el Tribunal aseguró que abordará los casos con celeridad, con el objetivo de brindar certidumbre al pueblo boliviano.

Una fuente cercana al TCP, en Sucre, esta celeridad podría ocurrid el próximo lunes cuando se emita una resolución respecto a los fallos de las salas constitucionales de Beni y Pando, que han sido las más drásticas hasta el momento.

No obstante, se señaló que esta situación podría resolverse en función del actual nivel de relaciones entre el gobierno y los denominados "magistrados autoprorrogados", quienes inicialmente esperaban permanecer en sus cargos hasta el 2026 y una resolución favorable a las elecciones judiciales no estaría a sus intereses.

En círculos políticos se comenta que el gobierno perdió el control sobre estos magistrados y ven poco factible que pueda recomponer su relación inicial, cuando se dictó la autoprorroga y el gobierno defendía la resolución y hoy asume una posición de impulsar las elecciones judiciales.