El viceministro de Transparencia Guido Melgar informó que interpuso el lunes una denuncia ante el Ministerio Público contra la Juez 5to en lo Penal Cautelar Lorena Camacho Ramírez, por presuntos delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al haber otorgado detención domiciliaria a la expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) María Eugenia Choque, imputada por el fraude electoral de octubre de 2019.

Melgar dijo que en el actuar de la juez se ha podido establecer de manera clara e inequívoca la parcialización y el afán de beneficiar con la medida sustitutiva a la detención preventiva en la cárcel de Obrajes, donde permanecía hace aproximadamente diez meses a solicitud de la Fiscalía General del Estado, tras conocer el informe de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ratificó alteración de resultados desde los servidores del Tribunal Supremo Electoral.

Explicó que cuando Choque solicita cesación a la detención preventiva el 9 de septiembre, la Fiscalía dos días ya había pedido ampliación de la detención porque faltaban declaraciones testificales que los investigadores deberían realizar.

Sin embargo la juez decidió atender el pedido de la expresidente y no responder hasta el día de hoy a la solicitud de ampliación de la detención preventiva. Dijo que el Código de Procedimiento Penal indica que la detención cesará cuando concluya el plazo establecido por el juez, salvo que el Ministerio Público haya solicitado ampliación.

Añadió que Choque jamás solicitud libertad en virtud al vencimiento del plazo sino que ella creía tener nuevos elementos que desvirtuaban los argumentos que fundaron su detención, sin embargo la juez de manera “oficiosa le otorga la cesión, señalando que el plazo ya se había vencido sin considerar la solicitud de la Fiscalía”

Dijo que este es uno de los elementos claros que el MAS tiene su estructura en el Órgano Judicial, que impide construir una justicia pronta, proba y efectiva para administrar justicia. Espera que en las próximas horas el Ministerio Público pueda admitir la denuncia y se someta a la juez Camacho a una audiencia cautelar.

Manifestó que Transparencia apeló la resolución a instancias superiores. La audiencia de apelación fue programada para el día jueves de la semana pasada, pero fue suspendida porque la Jueza Camacho no remitió el acta de la audiencia que respalda la resolución, por lo que se devolvió el expediente dando un plazo de 72 horas para completar la documentación.

El viceministro anunció que esta falta será motivo para ampliar la denuncia por el supuesto delito de incumplimiento de deberes contra la juez Lorena Camacho.