Con el juramento de la presidenta Jeanine Añez, los cambios a nivel jerárquico se profundizaron en el sector público, así como los actos de abuso y maltrato laboral que afectan a personal técnico y operativo en ministerios, entidades descentralizadas y desconcentradas del Estado.

De acuerdo con servidores públicos que pidieron reserva, “hubo una invasión y traslado” de personal proveniente de Santa Cruz, Beni y Pando que fue designado de manera directa, sin observar si tiene alguna experiencia en el funcionamiento de la administración pública.

Ante la falta de conocimiento, obligan al personal a realizar trámites administrativos o evacuar informes favorables a determinados procesos de contratación, sin observar las condiciones lesivas al Estado.

Explicaron que este personal que va desde viceministros, directores y jefes de unidad, en algunos casos los amenaza con despedirlos y, en otros, directamente el asistente de Recursos Humanos aparece con el memorándum de baja laboral frente al escritorio.

Los cambios más radicales se produjeron en el Ministerio de Comunicación, Desarrollo Productivo, Planificación del Desarrollo, Obras Públicas, Salud, Hidrocarburos, de Culturas, YPFB, Entel, Impuestos Nacionales, Aduanas y Sedem, donde los servidores que lograron quedarse por alguna experiencia, desarrollan sus actividades en un ambiente laboral de permanente incertidumbre.

Indicaron que al margen de la prepotencia, los responsables no asimilan las recomendaciones en sentido que determinado proceso puede ser tachado de irregular o corrupto, si acaso fuera sometido a proceso de auditoría.

La primera decisión de cada autoridad que llega es revisar el personal y luego paralizar los procesos de contratación. Lo extraño es que al poco tiempo vuelve con la orden o de anular el proceso o reconducirlos bajo nueva condiciones económicas.