En el marco del conflicto de la Adepcoca, la Defensoría del Pueblo llamó a la unidad de los productores de la hoja de coca, pero también pidió a los sectores movilizados a que planteen sus demandas en el marco de la ley y que la Policía evite el uso excesivo de agentes químicos. 

El conflicto lleva 11 días. Se activó después de que un grupo violento tomó la sede de la Adepcoca que estaba en posesión de la directiva de Armin Lluta. La Policía asumió el resguardo del lugar y lo dejó en manos de Arnold Alanez, dirigente reconocido por el gobierno, quien es rechazado por otro sector de cocaleros.

La Defensoría contabilizó en el conflicto a 25 civiles heridos (cuatro mujeres y 19 varones); siete policías heridos (tres mujeres y cuatro varones); y la detención de nueve mujeres y 60 varones, 10 de ellos aún en calidad de aprehendidos. 

La entidad defensorial constató afectaciones a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, comerciantes y vecinos de las zonas Villa Fátima y Villa El Carmen, producto del uso indiscriminado de explosivos y gases lacrimógenos.

También observó daños materiales a la propiedad privada y pública como el incendio del módulo policial de la EPI Minasa y la afectación del Hospital San Francisco de Asís sin considerar la existencia de pacientes internados, dejando en una situación de zozobra en el lugar. 

Reveló, asimismo, se buscó enerar un espacio de diálogo entre las mujeres del Comité de Autodefensa, que busca recuperar la sede cocalera, y el sector que ahora está en el mercado, pero no hubo éxito. 

La Defensoría del Pueblo instó a la Adepcoca a “buscar y fortalecer la unidad de las y los socios productores de la hoja de coca y generar un solo espacio conjunto en el que se pueda lograr la solución de este conflicto que los tiene divididos desde hace años, y posibilitar la pacificación que ansía toda la población”.

También la Defensoría  instó al sector movilizado a plantear sus demandas en un marco de respeto de la ley.

A la Policía Boliviana instó  a “enmarcar su trabajo en lo que disponen las normas de derechos humanos y no incurrir en el uso excesivo de agentes químicos, asegurar la presencia de personal policial calificado en este tipo de intervenciones para garantizar que no se afecte a la población”.

Le pidió a la fuerza del orden que tome en cuenta la zozobra que se ha provocado y la vulneración a la integridad psicológica y física de vecinos, cuyos derechos deben ser resguardados por el Estado y respetados por la población en general.