El Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos que se realizó este 30 y 31 de julio emitió un manifiesto, a través del cual se demanda al Estado garantías, protección y reconocimiento a la lucha de las personas y las instituciones que trabajan en la defensa de los derechos en el país.

El evento, organizado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), se desarrolló en el Real Plaza Hotel, exRadisson de la ciudad de La Paz, y aglutinó a alrededor de 200 personas que trabajan en defensa de los derechos fundamentales. El manifiesto contiene cuatro demandas que fueron extraídas del debate de los participantes de este evento.

La primera demanda tiene que ver con la garantía de las condiciones políticas, jurídicas, tributarias, financieras e institucionales que favorezcan la participación inclusiva y el fortalecimiento de las defensoras y defensores de derechos. La segunda tiene que ver con el reconocimiento de la lucha histórica y la autonomía de los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Además se demanda al Estado cumplir con el marco normativo nacional y los estándares de derechos humanos. 

La tercera demanda es instaurar un proceso de diálogo político permanente que garantice la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en condiciones de igualdad, en todo el ciclo de las políticas públicas y en la construcción de un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible.

La cuarta demanda es la garantía de la institucionalidad democrática en el país y la protección de la labor de las defensoras y los defensores de derechos sin limitaciones ni restricciones.

Así también los asistentes al evento se comprometieron a: articularse para actuar de manera conjunta cuando haya amenazas o riesgos para las personas defensoras de derechos, realizar un monitoreo ciudadano sobre los compromisos internacionales adquiridos por el Gobierno en materia de derechos, desarrollar estrategias participativas que coadyuven la garantía de los derechos humanos constitucionales, entre otros. 

Por último, los asistentes expresaron su apoyo a las personas y organizaciones que trabajan por los “alarmantes índices de feminicidios en el país”; a las que llevan adelante proyectos y actividades extractivistas, como ser en el caso de Tariquía; a las que se ven afectadas por la explotación minera en Potosí; y a todas aquellas que se resisten a la cooptación que se ejerce a través del poder económico o político.