El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó de “deficitario” al cumplimiento de las recomendaciones defensoriales sobre la violación de derechos durante el conflicto poselectoral de 2019, puesto que sólo se cumplieron dos de 10 puntos.

Después de los conflictos de 2019, la institución defensorial emitió en 2020 un informe con 10 recomendaciones para ser atendidas por entidades estatales para esclarecer y reparar las vulneraciones a los derechos humanos registrados en el contexto de la crisis política.  

Según Callisaya, de las 10 recomendaciones, dos fueron cumplidas, dos están en proceso de cumplimiento y seis no fueron cumplidas. 

“En consecuencia, el resultado todavía es deficitario en cuanto al cumplimiento”, enfatizó, según nota de prensa de la Defensoría.

Las dos recomendaciones cumplidas son: la emisión de una “Política Plurinacional de Reparación Integral para Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos en periodos de Gobiernos Inconstitucionales” y garantizar las condiciones necesarias para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pueda investigar de manera exhaustiva los hechos de violencia y las violaciones de derechos humanos ocurridos en el país durante el conflicto.

En el primer caso, el Defensor del Pueblo dijo que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional cumplió con la octava recomendación defensorial, pues tiene previsto implementar la política de reparación en esta gestión. 

“Como línea general, nosotros pretendemos la mayor participación de las asociaciones de víctimas tanto en el evaluación, construcción y reflexión de la ley y política de reparación integral”, indicó la autoridad defensorial.

Además, indicó que el Órgano Ejecutivo también cumplió con la décima recomendación defensorial, porque garantizó las condiciones necesarias para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pueda investigar, y en consecuencia se emitió el “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”, presentado el 17 de agosto de 2021.

Respecto a los cumplimientos parciales, el Defensor del Pueblo realizó las siguientes observaciones. Con relación a la recomendación cuarta, dijo que la Asamblea Legislativa Plurinacional cumplió parcialmente, debido a que no emitió la Ley de Creación de la Comisión de la Verdad y  la Ley que contemple sistemas y mecanismos de protección, así como la provisión de equipos de seguridad para los trabajadores de la prensa que realizan cobertura de noticias en conflictos y que se democratice el acceso a la publicidad estatal.

Sin embargo, apuntó que, si bien la Asamblea elaboró el anteproyecto de “Ley de Reparación Integral para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales”, ésta aun no fue socializada con las víctimas.

También fue cumplida de forma parcial la tercera recomendación defensorial respecto a deberes del Comando General de la Policía Boliviana, porque la institución policial efectuó la investigación de 38 procesos disciplinarios, en los cuales se investiga a 52 efectivos policiales.

En cuanto a la primera recomendación, referida al cumplimiento de los procesos penales, el Defensor señaló que el Ministerio Público y el Órgano Judicial, que conocen los 58 procesos penales abiertos por los hechos del conflicto del 2019, no cumplieron debido a que solo existen cuatro sentencias y 54 están en investigación.

Además, indicó que con relación a la segunda recomendación referente a controlar e inspeccionar los procesos penales abiertos por la Fiscalía General del Estado, no fue cumplida, porque no se reportaron los resultados de la supervisión para dar celeridad y acceso a la justicia.

En cuanto al resto de las recomendaciones, el Defensor señaló que no fueron cumplidas y exhortó a las otras instancias competentes como el Ministerio Público, el Órgano Judicial, el Comité contra el Racismo y toda forma de Discriminación, a que puedan realizar, gestionar, oportunamente todas las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones.

“Para de esta manera podamos recuperar el ideario de que la población boliviana tiene como aspiración: la efectividad del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y sobre todo la garantía de no repetición de la vulneración de estos derechos y en consecuencia podamos recuperar el respeto por el ser humano y el respeto por la vida y así aportar a la construcción del Estado boliviano”, finalizó el Defensor del Pueblo.