La Defensoría del Pueblo registró 171 hechos de conflictividad en el país durante el segundo trimestre de 2024, representando un incremento respecto a los 103 casos registrados en el periodo anterior.

Los datos fueron difundidos este lunes en el segundo reporte trimestral del Informe de Conflictividad, emitido por la entidad defensorial.

“Este es un mensaje claro hacia el Estado, para que oportunamente se puedan gestionar estas demandas sociales, que pueden tener cierta legitimidad, pero el momento en que se traducen en una medida de presión, implica que no hubo una atención oportuna por parte del Estado”, observó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en conferencia de prensa.

Este segundo informe data de los meses de abril, mayo y junio, con 119 conflictos sociales y 52 alertas tempranas.

El departamento de La Paz encabeza las cifras con 41 hechos, seguido de Cochabamba con 27, Potosí con 25, Chuquisaca con 23, Santa Cruz con 21, Beni con 20, Tarija con 10, Oruro con 3 y Pando con un solo hecho de conflictividad.

La medida de presión más recurrente fue el bloqueo, con 48 hechos, seguido de marchas con 45, estado de emergencia con 39, enfrentamientos con 13, toma de instalaciones con 10, paro con 7, y entre vigilias, huelgas, mitin, crucifixión y protesta, con 9.

De estos, 43 corresponden a demandas laborales, 28 a gobernanza, 18 a hechos vinculados a lo económico y los otros relacionados a tipologías como medio ambiente, límites, servicios básicos, sistema judicial, infraestructura de transporte, seguridad ciudadana, loteamientos y política.

Callisaya observó que en los hechos de conflictividad se esté “priorizando la represión antes que el acuerdo”, y dio como ejemplo el bloqueo de caminos en el municipio de Caracollo (Oruro), donde organizaciones sociales protagonizaron movilizaciones que antes de llegar a una solución, tuvieron que enfrentar una intervención policial.