La defensa legal de los afectados por la incursión en la reserva de Tariquía está preparando un nuevo informe que será presentado en las próximas horas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento abordará varias infracciones legales que, según los denunciantes, estaría cometiendo el gobierno en su afán de justificar la incursión en el parque natural con fines exploratorios de hidrocarburos.

El abogado defensor, Rober Ibarra, lamentó que, en la reciente audiencia concedida por la CIDH, no se haya dado la palabra a más de 20 personas que tenían preparada una intervención para observar la falta de cumplimiento del principal requisito: la consulta previa a las comunidades indígenas que serían afectadas por la exploración a cargo de YPFB.

En ese sentido, Ibarra refutó las declaraciones del embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, quien habría afirmado en la audiencia virtual del 7 de marzo que sí se había realizado la consulta para permitir el ingreso a la reserva de Tariquía.

“No es cierto, no se ha realizado ningún tipo de consulta en general, solo se ha llevado a cabo una consulta entre amigos, si se puede usar ese término, para justificar el ingreso a la reserva”, declaró Ibarra durante su participación en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

En relación con la denuncia presentada ante el Ministerio Público contra 28 comunarios de Chiquiacá por el delito de impedir el ejercicio de funciones y/o atentados contra la libertad de trabajo, Ibarra destacó que el gobierno no pudo sustentar su acusación, ya que las víctimas, es decir, los propios funcionarios de YPFB, fueron puestos como testigos en el supuesto ilícito.

Asimismo, señaló que no se han respetado los plazos procesales establecidos por el Código de Procedimiento Penal, ya que el plazo para la etapa preliminar de la investigación vencía el 21 de diciembre de 2024, pero la fiscalía recién emitió una resolución el 13 de enero de 2025, y esto ocurrió solo a exigencia de las 25 personas procesadas.

El abogado añadió que, con base en estas observaciones, se enviará un nuevo informe a la CIDH para que esta emita las recomendaciones correspondientes al gobierno boliviano, que ha suscrito al Acuerdo de Escazú. Según el bloque de constitucionalidad, dicho acuerdo tiene carácter de ley en el Estado boliviano.

Ibarra indicó que, tras recibir las recomendaciones de la CIDH, si el gobierno incumple, se analizarán mecanismos que podrían llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que dicha Corte emita una recomendación con carácter coercitivo.