El Gobierno transitorio decretó este jueves otorgar un resarcimiento de 50 mil bolivianos para las familias de los fallecidos en el conflicto postelectoral, así como brindar asistencia a los heridos.

“He pedido al gabinete que haga todo lo necesario para asegurar la viabilidad económica a este proceso, que es muy importante en el marco de la pacificación de Bolivia”, manifestó la presidenta Jeanine Añez, tras firmar el Decreto Supremo respectivo.

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, indicó que el Decreto tiene cinco artículos y que su objeto es “indemnizar a los familiares de las personas fallecidas y prestar asistencia médica, alimentaria, social y psicológica a las personas heridas, producto de los conflictos suscitados en el país entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre”.

En el artículo cuarto se establece que se hará “un pago global y único de Bs50.000 a favor de los familiares de cada uno de los fallecidos, que serán otorgados en prelación y de manera excluyente a los hijos al cónyuge o conviviente debidamente legitimado o en su defecto a los padres”.

La norma aclara que “los familiares de las personas fallecidas heridas tendrán por reparado su derecho ante cualquier instancia internacional, una vez hecha efectiva la indemnización”.

El financiamiento será con el Tesoro General de la Nación y otros recursos que provengan de las incautaciones del narcotráfico, contrabando y de las actividades de desestabilización sucedidas con posterioridad al 20 de octubre.

En otros artículos, se establece que ministerios y la Fiscalía realizarán la sistematización de la nómina de personas que resultaron fallecidas. Además, el Ministerio de Salud registrará a las personas heridas en los conflictos sociales a fin de brindarles la respectiva asistencia médica hasta su restablecimiento físico.

El ministro Coímbra indicó que de momento se tiene registradas a 29 personas fallecidas. 

Aseveró que ningún proyectil que causó muertes corresponde a armas de la Policía o las Fuerzas Armadas. Agregó que en la investigación se comprobará que los fallecimientos fueron causados por grupos subversivos que buscaban afectar la imagen del gobierno transitorio.

Ley de Garantías “innecesaria”

El Ministro sostuvo que la Ley de Garantías que pretende aprobar el MAS en el Legislativo es innecesaria.

El MAS argumenta que en la Ley se establece que se debe dar indemnización a los fallecidos y ayuda a los heridos, pero también se busca garantizar los derechos de legisladores, dirigentes y exautoridades.

Coímbra dijo que esa norma no corresponde porque las garantías ya están establecidas en la Constitución y no se puede ratificarlas por ley, puesto que están vigentes.