Luego que el abogado Eduardo León activara procesos penales contra altas autoridades de Estado, surgieron cuestionamientos a la calidad moral de formular denuncias de corrupción pública teniendo un historial de casos registrados en la Fiscalía General del Estado.

León presentó denuncias contra el Fiscal General Juan Lanchipa por manipulación informática para habilitarse como postulante al cargo; a los líderes de la Asamblea Eva Copa y Sergio Choque por aprobar la ley de estados de excepción, e impulsa un recurso contra el Tribunal Supremo Electoral por organizar unas elecciones con un sistema de distribución de escaños que favorecerían al MAS.

Según el historial que llegó a la Asamblea Legislativa, de los 25 casos por diferentes figuras penales, 20 fueron cerrados a su favor porque fue sobreseído en algunos casos y en otros la denuncia fue rechazada o desestimada; dos se encuentran en fase de pre archivo preliminar, uno en etapa preparatoria por el caso de su título profesional y otro en fase de juicio relativo un caso de trata de personas.

El diputado del MAS Víctor Borda dijo que lo peor de un abogado causídico es intentar manipular la justicia “a fortiori” (por la fuerza) para satisfacer instintos de venganza personal contra las autoridades del Estado.

Dijo que como abogado que supuestamente tiene ética, León debería inhibirse de las denuncias porque sobre él pesan otras de denuncias de por corrupción. ¿Cuál sería la ética, cuál sería la moral? “Tendría que aplicarse la frase popular que dice ‘en la misma vara que mides serás medido’ y el que mete a la cárcel a una persona por simples indicios, deberían también a él meterlo a la cárcel por tener indicios”, manifestó.

“Si a mí dicen que tengo título falso, salgo a decirle quiénes han sido mis docentes, mi jurado y qué era mi tesis y los requisitos que he cumplido. En este momento para mí, no podía ninguna autoridad devolver el título. Él ha sido procesado por falsificar su título y mientras no se demuestre jurídicamente que el documento es idóneo y válido, no es el indicado para denunciar actos de corrupción, porque carece de moral. Como se dice vulgarmente antes de ver la paja en la pestaña de una persona, que vea la viga que está sobre su pestaña”, declaró.

Lamentó que el gobierno le deje ejercer la profesión presentando denuncias sobre denuncias en una suerte de manipulación a los mismos fiscales y sobre todo le permita al “señor León amedrentar a los operadores de justicia” amenazándolos con quemar fuera de los juzgados ¿Dónde se ha visto eso? preguntó

Por su lado la diputada Lourdes Millares ve que en las denuncias contra el fiscal Lanchipa hay una suerte de conflicto de intereses y que uno de los denunciantes esté en manos del Ministerio Público como el caso de Eduardo León que era víctima del régimen de Evo Morales.

"Yo también he tenido acceso a la información y he podido evidenciar que hay varios procesos penales en contra de este abogado, por tanto, aquí hay una pregunta: ¿Por qué a Eduardo León le interesa que Juan Lanchipa no continúe en la Fiscalía General? Ahí el tema es perseguir la corrupción de la Fiscalía General o resolver sus problemas judiciales. A mí me queda una duda”, manifestó.

“A mis detractores les digo ‘Sancho, si los perros ladran señal que avanzando’. Salgan de sus nidos y díganme de frente”, declaró el abogado aludido a tiempo de calificar de falso el historial de casos y que forma parte de una manipulación desde la Fiscalía General del Estado como ocurrió el 2016, cuando para detenerlo por el caso Zapata, sacaron varios procesos como si fuera en contra suya, cuando – según indicó-  son causas que él mismo las presentó. 

Afirmó que los procesos fueron abiertos por el gobierno del MAS, como el caso de trata del hijo de Morales Aima con una falsedad que no lograron demostrar.  Dijo que cualquier denuncia se registra en el sistema de la Fiscalía General y no sirve como antecedente alguno porque simplemente es un historial de las denuncias que uno presenta o puede presentarse en su contra.

En relación a los cuestionamientos por tener un título falso y varios casos pendientes,  afirmó que es el único abogado al que le hicieron un examen grafológico y documentológico a cargo del IDIF, que concluyó que sus documentos estaban en orden. 

Aclaró que el Ministerio de Educación le restituyó el título porque entendió que le fue quitado en una medida de hecho sin proceso administrativo previo, y asegura que ahora el caso se está cerrando en los estrados judiciales a solicitud de él.

León manifestó que su conducta en estrados judiciales es de una línea insobornable y aseguró estar en un escenario donde de 100 personas entre jueces y fiscales, 95 son corruptos. ¿Así, a quién vamos a respetar? respondió a las observaciones del diputado Borda.

En torno al caso Zapata informó que ha solicitado su exclusión porque no hay pruebas de su vinculación con supuestos delitos de trata y manifestó no tener miedo de volverse a enfrentar a Evo Morales, si acaso el MAS retorna al poder en las próximas elecciones generales.

El abogado también asumió una línea crítica a los actos de corrupción del actual gobierno porque considera que el dicho que “la justicia es para todos” sigue siendo una mentira y plantea que el gobierno de transición sea reconducido para no defraudar la lucha del pueblo boliviano.