Después de que el Gobierno la desconoció en el cargo, Nadia Cruz aseguró este martes que es la Defensora del Pueblo y que continuará su trabajo, sin embargo, advirtió con procesos penales a los funcionarios que obstaculicen su trabajo.

Cruz respondió después de que el Gobierno decidió que ya no responderá sus solicitudes, porque considera que ya ha terminado su interinato al mando de la entidad defensorial.

El argumento del Gobierno es que Cruz ya cumplió en abril los 90 días de interinato, sin embargo, ella aseguró que ese plazo es para funcionarios de carrera y ella fue designada por la Asamblea Legislativa.

Cruz denunció que este es un nuevo “ataque” del Gobierno, al cual acusó de pretender dejar a Bolivia sin una entidad defensorial.

Indicó que el obstaculizar la labor de la Defensoría, puede conllevar al procesamiento del servidor público que se rehúse a colaborar con la entidad.

“Vamos a recurrir ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se pueda interpelar a cada servidor público que obstaculice el trabajo defensorial y, en su caso, vamos activar todas las vías administrativas, constitucionales y penales contra estos malos funcionarios”, dijo.

Agregó que llamar a que funcionarios públicos omitan las solicitudes de la Defensoría es instigación a incumplir deberes, lo cual tendría sanción penal.

Cruz aseveró que el Gobierno busca neutralizar a la Defensoría, porque le incomoda verse descubierto e interpelado en la violación de derechos humanos. Anunció que ha pedido a la Federación Iberoamericana de Ombudsman y a otras defensorías que se manifiesten al respecto.

Ante la acusación de que sirve a los intereses del MAS, sostuvo que, como Defensora, no responde a un partido político, sino a la población.