El criterio emitido por la Sala Constitucional Cuarta de La Paz, dentro de una Acción de Cumplimiento, generó controversia porque incluyó al Órgano Ejecutivo en el panorama de elección del nuevo Defensor del Pueblo, a pesar de que esa designación es atribución constitucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La Acción de Cumplimiento fue presentada por el presidente de la Asamblea de Derechos Humanos paralela, Édgar Salazar, con el objetivo de que la justicia conmine al Legislativo a elegir un Defensor por dos tercios en un plazo determinado. 

Según Salazar, la Sala Constitucional determinó exhortar a la Asamblea Legislativa que elija al nuevo Defensor lo más antes posible, en el marco del respeto a la coordinación y cooperación entre órganos del Estado.

Sin embargo, Comunidad Ciudadana (CC) consideró que el fallo de la Sala Constitucional es un “Golpe de Estado” contra el Órgano Legislativo.

“En uno de sus fundamentos (la Sala Constitucional) faculta al Órgano Ejecutivo, bajo el pretexto de la coordinación y cooperación entre órganos del Estado, a designar a las altas autoridades del Estado cuya elección y designación le corresponde a la Asamblea Legislativa (ALP) por dos tercios de votos de los legisladores, si no se logran consensos dentro de un tiempo prolongado de 70 días”, dice un comunicado de CC.

En los fundamentos de su resolución, la Sala Constitucional observó que en este caso la Asamblea no cumple con su labor de designar al nuevo Defensor por un tiempo que excede los 70 días, por lo cual, bajo un criterio de razonabilidad y de que no puede quedar la institución de esta naturaleza sin su autoridad, debe buscarse coordinación y cooperación “inclusive acudiendo al otro poder como es el Órgano Ejecutivo”.

CC alertó que esta resolución puede no limitarse al caso del Defensor del Pueblo, sino también sus fundamentos se pueden aplicar a la elección de Contralor General del Estado y otras altas autoridades que requieren la decisión de la Asamblea.

“Con esta resolución se quiebra el sistema constitucional, republicano y democrático reconocido en el artículo 12.I. de la Constitución, se convierte en un emperador al actual Presidente que decidirá por sí y ante sí, desconociendo las atribuciones que le corresponden al Órgano Legislativo que representa a mayorías y minorías. La ALP queda anulada en su rol constitucional de garantía como el órgano más representativo del Estado.  Se da inicio así a una desembozada dictadura Gubernativa-Judicial a la cabeza de Luis Arce”, sostiene el comunicado de la alianza opositora.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, pidió no magnificar este tema. Señaló que en la resolución se está haciendo una exhortación a la Asamblea.

Mamani ratificó que elegir al Defensor se una tuición plena de la Asamblea y consideró que no es correcto darle esa atribución al presidente. Anunció que se hará una evaluación al respecto y llamó a la oposición a tomar conciencia y ayude a elegir un Defensor.

En la elección al Defensor, la Asamblea realizó cuatro votaciones sin que ninguno de los postulantes alcance los dos tercios.