La Procuraduría General del Estado reveló que, durante el periodo del MAS en el Gobierno, se dispuso la erogación de 54,4 millones de bolivianos en la contratación de bufetes internacionales, que se encargaron de arbitrajes derivados por la estatización de empresas.

El detalle se encuentra en un informe entregado este miércoles por el procurador José María Cabrera a la presidenta del Senado, Eva Copa.

El Procurador señaló que para los servicios legales internacionales, durante el periodo del MAS, se realizaron 12 contrataciones directas y sin licitación, de las cuales se beneficiaron sólo dos bufetes internacionales: uno con 10 y otro con dos.

Indicó que se ha puesto siete carpetas  a disposición de los asambleístas, con documentación que incluye fotocopias de cada uno de los cheques, los procesos, y contratos de incluso de tres páginas que se utilizaron.

Cabrera resaltó que toda esta información era secreta, porque hasta la semana anterior había un decreto aprobado por Evo Morales, el cual disponía que estos datos no podían ser de conocimiento si siquiera de la Asamblea.

“Ahora, levantado el secreto de Estado, prácticamente es se está poniendo a disposición de todos los señores parlamentarios para que ejecuten su labor constitucional de fiscalización”, manifestó.

Anunció que la Procuraduría colaborará en adelante con la labor investigativa que se realice al respecto en la Asamblea Legislativa, la Contraloría y el Ministerio Público.

Aclaró que los casos en cuestión se refieren sólo a los arbitrajes por estatizaciones que llevó adelante el gobierno del MAS, y que no se incluye los litigios ante la Corte Internacional de Justicia.