El conflicto de tierras en la Comunidad Sujalito, situado en la tercera sección del municipio de San Ramón, provincia Ñuflo Chavez del departamento de Santa Cruz, ha levantado sospechas de un posible consorcio judicial, toda vez que se benefició a una familia con más de una decena de fallos judiciales para desalojar de sus predios a cientos de familias indígenas originarios campesinos, que trabajaron y cultivaron sus tierras por más de dos décadas, pero fueron excluidos y desconocidos por el Órgano Judicial.

El alcalde de San Ramón, Germán Sánchez Padilla y los cinco concejales, además de los máximos dirigentes campesinos afiliados a la Federación de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, pidieron la ayuda del Gobierno del presidente Luis Arce Catacora para evitar que 33 familias campesinas sean desalojadas de las 1.178 hectáreas que trabajaron y cultivaron la tierra desde hace 22 años. Pero hoy existe el riesgo de perderlo todo.

“Esta familia Añez Paz reclama la propiedad de la Comunidad Sujalito (que fue adjudicada dolosamente mediante Resolución Suprema 01590 de 18/09/2009). Se dice que esta familia tiene 15 procesos en revisión en el Tribunal Constitucional de Sucre, lo sugestivo es que esta familia mediante estas acciones de amparo constitucional se adjudicaron grandes extensiones de tierras rurales a través de consultas constitucionales como modus operandi. En el municipio de San Ramón no conocemos a la familia Añez Paz y nunca se aproximaron a la alcaldía para presentar ningún documento ni pago de impuestos”, dijo el alcalde.

En Sujalito se llevó adelante el miércoles pasado una Audiencia Pública del municipio de San Ramón, que contó con la presencia del alcalde Germán Sánchez Padilla; presidente del Consejo Municipal, Fernando Farela; la presidenta del Control Social, Susana Soria, secretario General de la Central Campesina de San Ramón, Orlando Carvallo, presidenta del Comité Cívico, María Paticu, secretario Ejecutivo de la Regional Campesina Corredor Norte de Santa Cruz, Max Amilkar Prado, quienes reafirmaron su pleno apoyo a la legalidad del asentamiento a favor de las 33 familias campesinas de esta comunidad.

Actualmente las 33 familias campesinas indígenas originarias conformaron una asociación con personería jurídica y razón social reconocida por la alcaldía de San Ramón, quienes cumplen desde el año 2000, la función económico social y se constituye en el principal proveedor de carne de res y cerdo al municipio, pero hoy esa familia se atribuye derecho propietario de los predios.

“Lo que llama  poderosamente la atención es que varios casos por alguna extraña situación son sorteados a la Sala Especializada Cuarta del Tribunal Agroambiental, cuyos magistrados son: Gonzalo Hurtado Zamorano e Yvan Espada Navia, cuyos veredictos favorecen siempre a la familia Añez Paz, convirtiéndose en un “modus operandi” que afecta la imagen de este alto tribunal y del gobierno del presidente Luis Arce Catacora”, manifestó Víctor Espinoza apoderado legal de las 33 familias de la Comunidad Sujalito.

Espinoza recordó que la Acción de Amparo Constitucional que presentó el Viceministerio de Tierras ante la Sala Constitucional Tercera de la Jurisdicción de La Paz, fue admitida y tutelada mediante Resolución Constitucional 79/2022 de 26/04/2022; habiendo ordenado deje sin efecto el Auto Interlocutorio definitivo Nº 012/2021 y se emita un nuevo auto, tomando en consideración los argumentos que esta Sala ha postulado y esperan que el Tribunal Constitucional emita una resolución justa.