La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa anunció con procesos penales contra los máximos ejecutivos de YPFB, Entel, Ende y BoA, debido a no atendieron requerimientos de información ni concurrieron a las convocatorias  de los asambleístas que investigan el manejo irregular de las empresas públicas del Estado en el gobierno de transición.

La presidenta de la Comisión, senadora Máxima Apaza, a tiempo de anunciar querella penal, explicó que los presidentes de YPFB, Richard Botello, y los titulares de  Boliviana de Aviación (BoA), Carlos Scott; la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Eddy Luis Franco; y la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), José Kreidler no asistieron a las audiencias tras reiteradas convocatorias.

En el caso particular de YPFB dijo que éste no brindó información sobre la situación de la estatal petrolera, a pesar de las reiteradas solicitudes para que remita documentación y asista a la entrevista convocada por los legisladores.

Dijo que al presidente de YPFB se le mandaron 22 notas para que remita información, pero lamentablemente tampoco respondió y ante la convocatoria para que asista a una entrevista se excusó refiriendo delicado estado de salud.

A fin de avanzar en el proceso de investigación, explicó que solicitaron entrevista vía virtual, pero el que apareció fue el vicepresidente de esa empresa sin designación previa, según una nota de prensa oficial.

Por ese motivo, por unanimidad de votos, los asambleístas de oficialismo y oposición rechazaron la entrevista con el vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización de YPFB, Claver Vásquez por no cumplir con el procedimiento establecido en las normas.

La senadora Apaza interpreta una falta de respeto y voluntad del presidente de YPFB para informar sobre la situación económica de la estatal petrolera, por lo que anunció el inicio de un proceso penal por incumplimiento de deberes.

La comisión prevé concluir sus entrevistas en los próximos días a otros titulares de empresas estatales y luego comenzará a redactar su informe final que sería enviado a consideración del pleno de la Asamblea hasta el 2 de octubre próximo.