En el marco del impase diplomático entre Bolivia y Colombia, el Gobierno dispuso el cese de funciones del encargado de la Embajada boliviana en Bogotá, Ariel Molina, en "reciprocidad" por una decisión similar adoptada por la administración de Rodrigo Paz.

El impase diplomático se produce por afirmaciones del presidente colombiano Gustavo Petro a favor de las movilizaciones que piden la renuncia de Rodrigo Paz. El mandatario boliviano consideró que su homólogo incurrió en una actitud antidemocrática con ese posicionamiento.

El Estado boliviano ya expulsó a la embajadora de Colombia, a tiempo de reivindicar el principio de no injerencia. En su respuesta, la Cancillería de Colombia aclaró que ningún funcionario tuvo el "propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia, y, consecuentemente, ratifica su compromiso con los principios de igualdad soberana; no intervención en asuntos internos".

"Colombia mantiene su disposición de acompañar, siempre a solicitud del Gobierno boliviano, iniciativas en favor de la paz, el diálogo político, las vías institucionales, la participación ciudadana y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con sujeción a los principios y normas del derecho internacional", agrega el pronunciamiento colombiano.