El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Bolivia tomó nota de las denuncias sobre la distribución con sesgo político de la publicidad estatal entre los medios de comunicación, por lo cual recomendó establecer un marco normativo que regule este tema sin discriminación.          

“Adoptar un marco normativo integral sobre la distribución de la publicidad oficial, sin discriminación y sin interferencia en las políticas editoriales de los medios, y que incentive a los medios de comunicación que sean independientes de la política de publicidad oficial del Estado”, dice una de las recomendaciones del informe.

En el documento, la CIDH señala que, según las denuncias, “el monto de publicidad asignado por el Estado sería mayoritariamente destinado a medios de comunicación que el gobierno consideraría afines a sus pautas ideológicas”.

Además, la Comisión reportó denuncias de que “la asignación de pauta oficial se usa como premio o castigo según las líneas editoriales, lo que es considerado una forma de censura indirecta al ejercicio de la libertad de expresión”.

En particular, menciona las denuncias de “asfixia económica” a los periódicos Los Tiempos y El Diario, que se realizaría mediante demandas judiciales empresariales y expedientes tributarios, respectivamente.

Advirtió que en este contexto se puede afectar la sostenibilidad de los medios, por lo cual la Comisión instó al Estado a establecer políticas como ayudas indirectas o subsidios explícitos y neutros, diferenciados de los gastos de publicidad oficial.

En ese marco, la CIDH animó al Estado Boliviano a debatir una ley que establezca reglas  claras y precisas; el otorgamiento de publicidad de acuerdo con objetivos legítimos; mecanismos de contratación abiertos y no discriminatorios; y la creación de mecanismos que permitan el control externo de la asignación publicitaria.