La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha extendido el plazo hasta el 26 de julio de 2024 para que Bolivia llegue a un acuerdo con los afectados por el caso del Hotel Las Américas y avance en la implementación de las recomendaciones del Informe de Fondo emitido en el Caso N° 13.546, relacionado con Mario Tadic, Elod Toaso y otros.

El plazo original para alcanzar un acuerdo sobre reparaciones económicas a las víctimas de violaciones de derechos humanos expiraba el pasado viernes. No obstante, con esta nueva prórroga, el caso permanece en la “fase aún no contenciosa”.

Desde la Procuraduría General del Estado, mediante un comunicado emitido este sábado, se informó que la Comisión notificó oficialmente el pasado 26 de abril de 2024, el reconocimiento hacia las acciones concretas que el Estado boliviano ha implementado para cumplir con las recomendaciones.

El gobierno boliviano reiteró su compromiso de adherirse a las recomendaciones de la CIDH con transparencia y racionalidad. Además, destacó que los argumentos presentados por Bolivia, junto con la asistencia técnica solicitada y la respuesta positiva respecto a las posibles reparaciones económicas, fueron clave para la concesión de la extensión del plazo, reflejando un reconocimiento al esfuerzo del país por cumplir con las obligaciones establecidas en el informe.

La Procuraduría General del Estado continuará liderando las acciones de defensa y representación legal del Estado en este proceso.

El caso del Hotel Las Américas se remonta al 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial en Santa Cruz resultó en la muerte de tres extranjeros, a quienes el gobierno acusó de estar involucrados en actividades terroristas y separatistas.

De este operativo policial, tanto Tadic como Tóasó sobrevivieron y luego de casi seis años recuperaron su libertad tras someterse a proceso abreviado. Luego salieron rumbo a Europa de donde hicieron seguimiento a su demanda interpuesta ante la CIDH.

Este evento ha generado controversias y críticas por parte de organismos internacionales y grupos de derechos humanos, que cuestionan la legalidad y la transparencia de la operación, así como el trato a los sobrevivientes y a las familias de los fallecidos.

Este caso ha puesto en evidencia las tensiones políticas y los desafíos en materia de derechos humanos en Bolivia.