El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) amplificó este sábado los pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional que hablan sobre la violación a los derechos humanos en Bolivia, tras la instalación del gobierno de transición.

El primer informe resalta que una misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Derechos Humanos (ACNUDH) está elaborando un informe sobre las violaciones que las denomina como “crisis”. La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, llegó a afirmar que las muertes “parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”.

La ONU no nombra como “presidenta transitoria” a Jeanine Áñez sino como parte del “bloque minoritario del Senado, convocado y votado sin el quorum requerido, eligió la nueva líder del cuerpo legislativo que se declaró, a sí misma, presidenta interina de Bolivia.”

En su portal oficial, la Celag menciona el informe de Diego García-Sayán, relator especial de la ONU que cuestiona la independencia de magistrados y abogados, afirmando que le preocupa “el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política. Crece el número de detenciones ilegales (…) Llamó al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso”.

Suma al recuento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) que se refirió a la represión estatal  en diciembre de 2019 y urgió al Estado boliviano a avanzar en la reparación de los lesionados y exige al Estado “cesar los actos de violencia atribuibles a agentes estatales y le recuerda al Estado boliviano que la incitación a la violencia y los discursos de odio están prohibidos por la Convención, especialmente cuando son esgrimidos por funcionarios públicos o líderes sociales.

La CIDH advierte que las pérdidas de vidas humanas ocurridas en el contexto de la violencia electoral son hechos de violencia “extremadamente graves”, con aparente participación tanto de la fuerza pública como de distintos sectores sociales. 

El relator de la CIDH sobre los Derechos Humanos, Francisco José Eguiguren, calificó como “masacre” las muertes en El Alto y Sacaba, y es muy “alarmante comprobar que una de esas masacres se produjo al día siguiente del decreto 4078 muy cuestionable”.

La Human Rights Watch (HRW) a través José Miguel Vivanco, director para las Américas, afirmó en CNN que lo sucedido en Bolivia con Evo Morales “es técnicamente un golpe de Estado” y que el Decreto Supremo 4078 era inconsistente con las normas internacionales de Derechos Humanos.

Asimismo, el informe menciona las amenazas de la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, a periodistas por “sedición” y respecto del delito de “sedición”, destaca la permanente alusión que de él hace el ministro Arturo Murillo y advierte que la definición de “sedición” es imprecisa en la legislación boliviana.

Por último cita el informe de la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, se refirió al decreto 4078 señalado que “la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas de seguridad. Cualquier mensaje que implique carta blanca para la impunidad es gravísimo”.

Rosas también afirmó que “las autoridades bolivianas deberían dejar de acosar a periodistas y opositores al Gobierno y garantizar que las autoridades judiciales realicen investigaciones independientes, imparciales y rápidas sobre las muertes ocurridas durante los enfrentamientos”.