Comunidad Ciudadana (CC) planteó llevar a cabo una auditoría técnica ambiental y jurídica a todas las dotaciones de tierras, para identificar a los responsables de la “masacre ecológica” producida por la pérdida de 4 millones de hectáreas en el incendio que duró casi dos meses en la Chiquitania, en el departamento de Santa Cruz.

La candidata a diputada plurinominal Milenka Delgado dijo que esa auditoría permitirá también la reversión de aquellas tierras que han sido entregadas en zonas forestales, además de una integral y efectiva restauración o rehabilitación de la funcionalidad de los mismos, de manera que se aproximen a las condiciones preexistentes al daño, como menciona la norma.

Delgado – abogada y Magister en Gestión Sostenible del Ambiente de la Universidad de Salamanca -  dijo que el incendio fue una pérdida fatal e histórica y anunció que con Carlos Mesa como gobierno se reestructurará e institucionalizará el INRA y la ABT, además se investigarán todas las actuaciones administrativas de los últimos años para procesar a quien se tenga que sancionar.

Manifestó que no se puede ignorar que esta contaminación autorizada por la Ley 741 y el D.S. 3973 como parte de las políticas públicas del actual gobierno, provocaron la contaminación a la atmósfera con consecuencias devastadoras en el clima, en el aire y en la salud pública a escala local, regional y global, incrementando el deterioro de la calidad de vida de la población.

Recientemente el presidente Evo Morales lanzó el Plan Patujú para reforestar la Chiquitania, pero la candidata cree que debido a los 5,3 millones de ha. de bosque vivo incinerados,  es tiempo de identificar a los responsables.

Anunció que la actual generación de jóvenes demandará responsabilidad al actual gobierno, teniendo como sustento jurídico la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra, la Ley 300 Marco de la Madre Tierra y la Constitución Política del Estado porque el bien jurídico protegido vida, salud y medio ambiente como derechos individuales y colectivos, fueron violados flagrantemente. 

La profesional abogada de 29 años de edad, recuerda que las normas anteriormente citadas obligan al Estado, a cualquier persona individual o colectiva a prevenir y/o evitar de manera oportuna eficaz y eficiente los daños a los componentes de la Madre Tierra, incluyendo el medio ambiente, la biodiversidad, a la salud humana y a los valores culturales intangibles.

Asimismo señalan como obligaciones del Estado “avanzar en la eliminación gradual de la contaminación de la Madre Tierra, estableciendo responsabilidades y sanciones a quienes atenten contra sus derechos y especialmente al aire limpio y a vivir libre de contaminación”.