El caso respiradores explotó este martes con sendas denuncias públicas de sobreprecio, detenciones y pronunciamientos. La posible corrupción detectada en esta contratación ha empañado la gestión de lucha contra al Covid-19 y causó la molestia de la presidenta Jeanine Añez, quien prometió transparencia e investigación “caiga quien caiga”.

Si bien ya había sospechas desde el fin de semana, y a pesar de que el Ministro de Salud había negado con anterioridad el sobreprecio, este martes se desató el escándalo cuando en diferentes entrevistas los representantes del fabricante español GPA Innova revelaron que los equipos podían costar entre 6.500 a unos 11.500 euros, lo cual generó sorpresa dado que el Estado boliviano pagó casi 28 mil dólares por cada uno de los ventiladores de emergencia a través de intermediario.

“Hoy me siento muy indignada y molesta por la posible corrupción en la compra de los respiradores españoles. Cómo es posible que alguien intenté robar a los bolivianos, en pleno sacrificios como el que estamos viviendo”, reaccionó Jeanine Añez, mediante un breve mensaje a la nación.

Las revelaciones generaron la activación de procesos judiciales en la misma jornada. En ese marco se realizó al menos dos detenciones: del Director Jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y del Director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Geovanni Pacheco.

El primer detenido es acusado de ser el responsable de direccionar la compra de los equipos, mediante un intermediario, a pesar de que había otra oferta a mitad de precio, informó el Ministerio de Gobierno. El segundo es el máximo responsable de la entidad encargada del proceso de contratación.

La presidenta Añez, en el mismo mensaje a la nación, hizo tres compromisos: “trabajar para que cada centavo que se hubieran robado sea devuelto”; “impulsar todo el peso de la ley contra los que hayan cometido corrupción” con una investigación que llegue hasta el fondo “caiga quien caiga”; y, tercero, seguir trabajando para equipar hospitales con transparencia.

En este último acápite, anunció que cada compra será revisada “detalle a detalle por el público en las redes”.

Las reacciones políticas tampoco se dejaron esperar, como del expresidente y candidato Tuto Quiroga, quien mediante Twitter sugirió que los equipos se deben devolver, recuperar dinero y que los responsables enfrenten la justicia.

También Evo Morales se pronunció en la misma red social. Compartió el video de una entrevista del periodista John Arandia con GPA Innova y señaló que, de ser cierto, “corresponde un proceso penal por genocidio”.

La contratación, de casi 5 millones de dólares por los 170 ventiladores, se hizo con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que el lunes, mediante comunicado, señaló que había otorgado su “no objeción” al proceso de contratación y destacó que Bolivia haya conseguido los ventiladores en el actual contexto.