Tras la detención del exministro Arturo Murillo en Estados Unidos, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, reprochó la actuación de la Fiscalía boliviana porque considera que fue lenta en casos que involucran al gobierno transitorio y manifestó que la justicia estadounidense hizo un mejor trabajo.

“Un sistema de justicia al que nosotros no le pagamos como el estadounidense ha hecho un mejor trabajo que la Fiscalía General de Bolivia y eso hay que resaltarlo. Bolivia realmente tiene un sistema de justicia tan lapidario para los intereses de la población. Nuestro pueblo no merece este sistema que tenemos”, dijo Cruz.

Recalcó que la justicia de EEUU, a pesar de las observaciones que se le puedan hacer, demostró mayor diligencia y mayor celeridad en una causa judicial que le interesa a los bolivianos.

La Defensora recordó que en octubre de 2020 el fiscal general Juan Lanchipa anunció el inicio de la investigación por el caso gases lacrimógenos, pero a medio año no ve resultados. Consideró que la situación es similar con los casos de corrupción en respiradores y los hechos luctuosos de Sacaba y Senkata.

“Causa realmente indignación ver que nuestra Fiscalía General es tan lenta y tan poco diligente en estas causas que han generado una suerte de reproche nacional por parte de la población”, afirmó Cruz.  

Cuestión en particular que no haya avance en los casos Senkata y Sacaba. “¿Cuál es el miedo del Ministerio Público en Bolivia en relación al gobierno transitorio en su momento? O es miedo o es complicidad, así de simple”, dijo.

Cruz incluso planteó que, a través de la Asamblea, corresponde investigar al Fiscal General con miras a un juicio de responsabilidades. 

“Lo que consideramos es que por tantas observaciones que ya tiene la fiscalía general del estado la asamblea legislativa plurinacional en su rol de fiscalización y supervisión correspondería que inician los procesos de investigación. El Fiscal General es una alta autoridad y seguramente le correspondería un juicio de responsabilidades por las omisiones o las acciones que llegasen a configurar delitos. un incumplimiento de deberes por ejemplo”, acotó.

Respecto a la situación del exministro Luis Fernando López, también involucrado en el caso gases lacrimógenos, Cruz manifestó que si está en EEUU, la justicia de ese país dará nuevamente un “sopapo” a la justicia boliviana, con una acción más diligente. 

También la Defensora se sumó a los pedidos de extraditar a Arturo Murillo, pero reiteró que es la responsabilidad de la Fiscalía General tramitar mediante una imputación.

A finales de 2020, la Fiscalía solicitó a Interpol activar el sello azul contra Murillo y López, pero entonces fue rechazad el pedido al considerarlo político, según informó Interpol-Bolivia. Posteriormente, en enero de 2021, el Ministerio Público imputó a los exministros por delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y uso indebido de influencias en el caso gases lacrimógenos.