El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Guido Melgar instó a la Fiscalía de La Paz acelerar el proceso de investigación contra el exministro de Economía Luis Arce Catacora  y otros implicados, por daño económico al Estado de 8.5 millones de dólares en pagos irregulares para el funcionamiento de la Gestora Pública.

Indicó que la gestión de Arce contrató a la empresa panameña Sysde por 3,5 millones de dólares para la instalación de un software que nunca fue entregado de acuerdo al contrato. Adicionalmente compró por 5 millones de dólares servidores de otra empresa para la transferencia de datos que nunca funcionaron.

Dijo que solicitaron a la Fiscalía de La Paz el congelamiento de cuentas de Luis Arce Catacora y la ampliación de las investigaciones contra Mario Guillen exministro de Economía; Patricia Miraval, exdirectora de la Autoridad de Pensiones y Seguros, y Óscar Ferrufino, exviceministro de Pensiones y Sistema Financiero, por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Sin embargo hasta el momento no fueron citados por la ampliación de la denuncia, anotación preventiva de bienes ni el congelamiento de cuentas. Indicó que el Ministerio Público tiene un plazo de 20 días en la etapa preliminar y considera que debería citar a los denunciados para que declaren y en función a la investigación tendrían que resolver por el rechazo de la denuncia o la imputación formal.

Advirtió que serán celosos en el cumplimiento de los plazos procesales porque luego de la etapa preliminar viene la imputación formal donde habrá una investigación a fondo.  

De hecho reveló que la empresa panameña Sysde demandó al  Estado boliviano a un proceso arbitral y el gobierno de Evo Morales contrató un consorcio de abogados español Uría Menéndez Abogados, S.L.P por 250 mil dólares.

Precisó que el contrato con los españoles fenecía el 31 de diciembre de 2019 pero a raíz de la mala actuación de las autoridades, el Estado no tenía pruebas para demostrar la responsabilidad de incumplimiento de Sysde y dispuso la apertura de una auditoría a fin de tener pruebas.

Melgar explicó que los 3.5 millones de dólares que recibió Sysde, sin hacer nada, se podría recuperar en función al desarrollo del proceso arbitral y habrá que ver qué hacer con los servidores mal comprados  y que nunca funcionaron en la Gestora Pública.