Después de que la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) concluyó que hubo incumplimiento de deberes municipal el caso de la mazamorra en Bajo Llojeta, la Alcaldía de La Paz cuestionó la actitud de esa institución y le pidió que esclarezca de dónde recibe financiamiento, puesto que tendría dirigencia amiga de la empresa Kantutani.

En este caso, la Alcaldía de La Paz culpa a la empresa Kantutani por los movimientos de tierra que hizo que, junto a la lluvia del 23 de noviembre de 2024, generó una mazamorra que causó varios daños en la zona Bajo Llojeta y la muerte de una niña.

La Sociedad de Ingenieros observó que no debieron permitirse la conformación de plataformas mediante rellenos de suelo sin un diseño y supervisión idóneo, ni la construcción de viviendas en el aire del río.

El director de Gobernabilidad de la Alcaldía, Gonzalo Barrientos, respondió que la SIB “no tiene ninguna competencia y ninguna jurisdicción, porque ellos no son jueces, no son fiscales, no son árbitros designados”.

Insinuó que algunos dirigentes de la Sociedad de Ingenieros al parecer “quieren lavarle la cara” a la empresa Kantutani.

“Obviamente estos dirigentes tendrán que aclarar de dónde han conseguido el financiamiento, porque les han dicho que han hecho estudios sísmicos, han hecho estudios geológicos, han hecho estudios hidrológicos. Sería bueno que informen de dónde han sacado el financiamiento”, sugirió.

Según Barrientos, a dirigentes de la SIB se los ve en redes sociales “muy buenos amigos de Kantutani”.

En esa línea, reclamó porque aún no es puesto ante las autoridades el empresario Luis Iturralde, de la empresa Kantutani, quien salió del país luego de la mazamorra, pero se le dictó detención domiciliaria en Perú con fines de extradición.