El diputado proyectista Víctor Borda (MAS) afirmó este sábado que   Samuel Doria Medina, dueños de edificios y condominios conformaron un grupo colegiado que influencia en Palacio de Gobierno para que la Ley Excepcional de Arrendamiento (Alquileres) no se aplique.

Lamentó que Jeanine Añez no esté gobernando en favor del pueblo y asuma posición insensible contra 450 mil personas que viven bajo contrato de alquiler en casas familiares y más de un millón 500 mil personas que tienen tiendas comerciales bajo contratos de alquiler.

Sostuvo que este pequeño grupo rechaza la ley que tiene un carácter estrictamente social y excepcional, tanto así que los propios dueños de casas entendieron el sentido solidario y arreglaron con sus inquilinos, pero hay este grupo colegiado que ejerce presión en Palacio de Gobierno.

“Son pequeños grupos corporativos, ahí está el señor Doria Medina, propietarios de edificios y condominios que están influenciando para que no se defienda la economía del pueblo boliviano, porque esta ley defiende al pueblo, a los ancianos, a las mujeres embarazadas y personas que no tienen capacidad de cancelar la totalidad de un canon de alquiler”, dijo a Erbol.

Lamentó que el Ejecutivo no tenga abogados que lean el Código de Procedimiento Constitucional donde se establece claramente que la presidente Añez no tiene facultades de presentar un recurso de constitucionalidad previa sino únicamente la presidenta de la Asamblea, tratándose de proyectos de ley originados por la Asamblea o por una de sus cámaras legislativas.

Este proyecto se originó en la Cámara de Diputados y una vez sancionado el Ejecutivo tenía 10 días de plazo para observar, vetar o promulgar, sin embargo transcurrieron 35 días sin que el Ejecutivo se haya pronunciado y al contrario escogió por una consulta equivocada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Borda entiende que el Ejecutivo presentará el lunes un recurso abstracto de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal,  pero aclaró que esto “no enerva, no modifica la ley” que se encuentra en plena vigencia en tanto el Tribunal Constitucional no emita una sentencia declarando la inconstitucionalidad de la ley.