La banca trabajará media jornada, la atención de la administración pública estará suspendida, los plazos procesales de la justicia paralizados, las empresas privadas, salvo aquellas vinculadas a la producción de alimentos, están obligadas a cerrar puertas, el servicio de transporte terrestre y aéreo público y privado restringido hasta el próximo 4 de abril. Así Bolivia inicia este lunes su primera semana semiparalizada por el coronavirus y con evidentes señales de aplicar mano dura contra los infractores de las medidas disciplinarias vigentes desde el pasado domingo.

Desde el pasado 11 de marzo cuando el Ministerio de Salud anunciaba los primeros casos de coronavirus -mujeres de 60 y 65 años que llegaron de Italia-   el gobierno comenzó a tomar medidas de prevención con la declaratoria de emergencia nacional y luego la cuarentena total y pese a ello los casos se incrementaron a 27 personas confirmadas de coronavirus.

Hasta ahora el gobierno ha tratado de manejar con transparencia la información ante la población, pero se ha encontrado con el ataque de las redes sociales que proliferaron difundieron informaciones alarmando a la población, mientras el Ministerio de Comunicación desplegó todo su arsenal publicitario bajo el #Quédateencasa para llevar información y generar calma a la población.

Sin embargo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, identificó a las zonas de Río Seco y Senkata en El Alto y Yapacaní en el Trópico en Cochabamba, como los lugares rebeldes a cumplir las restricciones de cuarentena total. Este domingo se observó en El Alto que el comercio y el transporte continuaban con normalidad pese a la prohibición de circulación.

Pese al optimismo del ministro Murillo, la jornada de este domingo acabó con cerca de 300 arrestados en las ciudades de Oruro, El Alto, Sucre, Cochabamba y  Santa Cruz, bajo riesgo de ser procesados penalmente y pagar una multa de Bs 500 a las cuentas de la Policía Boliviana.

El ministro Cruz ratificó la noche de este domingo la línea de la mano dura contra los infractores que pueden ser denunciados penalmente por atentado a la salud por estar circulando en las calles sin la autorización respectiva.

El ministro de Defensa Luis Fernando López anunció firmeza de parte de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para hacer cumplir el decreto de cuarentena total, dado que se trata de preservar la vida de los bolivianos, exponiendo la vida misma de los efectivos de ambas instituciones.

López aseguró que tanto la provisión de alimentos y atenciones de salud en caso de emergencia están garantizados, mientras el viceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría exhortaba a los bolivianos a no tomar como una vacación para salir a momentos de esparcimiento en plazas, avenidas y calles junto a sus familias.

Su colega  ministro de Obras Públicas Iván Arias dijo que la indisciplina no solamente se ve en algunos sectores de El Alto sino también en la zona sur de La Paz, donde la gente va en masa al mercado en su auto. “La zona sur tiene que entender que tenemos que respetar la cuarentena porque está en juego nuestra vida”, dijo al dar cuenta que de 58 arrestados en La Paz, 38 pertenecen a la zona sur.

La mano dura de las fuerzas del orden comenzó a sentirse con más detenciones en distintas ciudades intermedias y poblaciones de varios departamentos, motivo por el cual el Ministerio Público decidió funcionar de manera ininterrumpida durante las 24 horas del día incluyendo fines de semana y feriados.

Al mismo tiempo instruyó a los Fiscales Departamentales designar fiscales de materia de turnos permanentes en sede fiscal de 08:00 a 13:00 y en casos de urgencia de horas 13:00 a 08:00 al llamado, además de médicos forenses, para la atención de casos graves, relevantes o en flagrancia y aquellos que requieran atención inmediata.

Dispuso que durante estos 14 días, del 22 de marzo al 04 de abril, se suspende el Registro de Biométrico de los imputados que se encuentran cumpliendo medidas sustitutivas en todo el país y deberá ser reanudado inmediatamente concluya la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional.