El consenso político para la Ley de Garantías avanza gracias a una reunión entre las bancadas de MAS, UD y PDC del Senado, con la mediación de organismos internacionales y la Iglesia Católica.

Las partes acordaron modificaciones al texto de la cuestionada ley, pero además pactaron elevar consultas a los órganos Ejecutivo y Judicial para artículos que requieren de un análisis de esas instancias.

La información fue proporcionada por les jefes de bancada del MAS y UD, Efraín Chambi y Homer Menacho, respectivamente. La jefa de bancada de PDC no pudo estar por motivo de duelo.

La premisa manifestada por ambos es que no habrá impunidad, como se había acusado a la Ley de Garantías.            

“No vamos a legislar una ley que proteja ningún delito en el país, ni mucho menos orientado a la impunidad o la inmunidad”, dijo Chambi. “Le puedo garantizar que no estamos no vamos a sacar una ley de impunidad”, acotó Menacho.

El representante del MAS indicó que su partido ha entendido los indicios de inconstitucionalidad y cuestionamientos al proyecto normativo, por los se abrió incluso a la modificación y anulación de artículos.

Entre los artículos eliminados están el 7 y el 8, según Chambi. En estos textos se reafirmaban las garantías en el proceso a altas autoridades y se urgía a tramitar salvoconductos para personas con asilo. Consideraron que la norma actual ya daba las garantías respectivas, indicó el senador. 

Se modificó también el primer artículo. Se reorientó la redacción para evitar referirse en específico a dirigentes y políticos, sino para que se otorgue garantías en general a todos los bolivianos.

Chambi recalcó que se buscará dar garantías a todos, y no específicamente a sectores o personas.

Consultas

Menacho explicó que se consultará al Ejecutivo los artículos que tienen que ver con recursos económicos. Por ejemplo, para ver la viabilidad de rentas vitalicias a familiares de víctimas fatales del conflicto postelectoral.

Al Órgano Judicial también se mandará en consulta un artículo que le atañe.

Aclaró que, de no llegarse a un acuerdo final entre las bancadas, se enviará la Ley al Tribunal Constitucional para definir si se acomoda a la Carta Magna.