“La situación es complicada y difícil”, así definió el gerente de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) David Sánchez a tiempo de acusar a Chile de violar el Tratado de 1904 al permitir que una empresa privada eleve unilateralmente en 200% las tarifas portuarias en Arica.

Sánchez dijo que Bolivia rechazó la decisión de la Empresa Portuaria de Arica (EPA) chilena de entregar desde el 5 de agosto la administración portuaria a la concesionaria “Terminal Puerto Arica S.A”. (TPA), obligando a la ASP-B a negociar con un privado, cuando el Tratado fija una relación de Estado a Estado.

La autoridad boliviana se encuentra en Arica a la espera de una reunión con la EPA que está prevista para el lunes. Sánchez hace gestiones para “transparentar” la reunión a realizarse en horas de la tarde, con la participación de algunos empresarios bolivianos y que la misma no esté restringida sólo a cinco personas, cómo había limitado la Empresa Portuaria.

En medio persiste una amenaza de transportistas bolivianos de iniciar un bloqueo fronterizo este lunes como medida de presión a la ASP-B, para que logre rebajar el costo de los servicios portuarios y se despache la carga boliviana para evitar daños económicos al sector del transporte y al comercio boliviano.

Sostuvo que hay mucha desinformación en sentido de creer que la ASP-B  es una empresa privada y, por tanto, debe relacionarse con su similar TPA, sin tomar en cuenta que desde el 2016 hay documentos que reflejan que el tema portuario siempre fue manejado entre empresas estatales.

Explicó que por el Tratado de 1904, Chile debe entregar en puerto la carga boliviana a la ASP-B, pero la EPA entrega a la empresa privada a la que se debe pagar una tarifa, contradiciendo el acuerdo de garantizar un tránsito irrestricto.

“Están transfiriendo para que la mercancía ya no sea entregada a la autoridad boliviana, sino que sea el privado para que con su tarifario entregue la carga y si no se paga se cae en mora y si hay mora, se detiene la mercancía y si quiere liberar hay que hacer pagos anticipados. Es decir, nos están forzando a entrar a una relación con el privado, generando una distorsión terrible”, manifestó en entrevista con el canal estatal.

Lamentó que Chile haya roto la relación de Estado a Estado desde julio pasado y haya derivado en agosto su responsabilidad a un agente privado que ofrece descuentos por el uso del aeropuerto, a través de la ASP-B, lo cual no es correcto porque significa desconocer el Tratado de 1904, indicó.

El pasado 25 de septiembre la ASP-B envió una nota a la Empresa Portuaria de Arica (EPA), en la que se plantea un incremento de 10% a la carga boliviana en esa terminal marítima chilena, tomando en cuenta que la supuesta reducción del 38% que ofrece su concesionaria privada, en realidad significa un aumento de 102% a la mercadería nacional.