La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) expresó este sábado su enérgico repudio a los actos de violencia registrados contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación durante la cobertura de los conflictos sociales y operativos de desbloqueo desarrollados en la ciudad de El Alto, la zona sur de La Paz y la carretera Oruro-La Paz.

Mediante un pronunciamiento institucional, la entidad denunció que en las últimas horas se registraron insultos, agresiones físicas, ataques con piedras e incluso la detención arbitraria de periodistas y vehículos de prensa que realizaban cobertura informativa en distintos puntos de conflicto, donde se desarrollan movilizaciones y operativos policiales y militares.

La APLP advirtió que estos hechos ponen en riesgo la integridad y la vida de trabajadores de la información, además de constituir una grave vulneración a las libertades de expresión y de prensa garantizadas por la Constitución Política del Estado.

“Esos ataques buscan intimidar y acallar al periodismo, que tiene la función primordial de poner en conocimiento de la ciudadanía lo que acontece en los ámbitos social, político y económico del país”, señala parte del pronunciamiento.

La organización recordó que el derecho a la información es un derecho constitucional que debe ser respetado y protegido por todos los sectores de la sociedad, independientemente del contexto político o social que atraviese el país.

En ese marco, la Asociación de Periodistas de La Paz demandó a las autoridades gubernamentales, policiales y militares, así como a las dirigencias de los sectores movilizados, garantizar plenamente el ejercicio de la labor periodística y la seguridad de los trabajadores de prensa desplazados en las zonas de conflicto.

Asimismo, recomendó a los periodistas que realizan cobertura en puntos de tensión adoptar las medidas de seguridad necesarias y exhortó a los medios de comunicación a proporcionar equipos de protección adecuados para resguardar la integridad física de sus trabajadores.

La APLP reiteró su exigencia a las autoridades competentes para que adopten acciones concretas destinadas a proteger el trabajo periodístico, la vida de los periodistas y el derecho de la población a recibir información oportuna y verificada.