La Asamblea de la Paceñidad, reunida este viernes, determinó acciones de protesta para la siguiente semana: primero una marcha el martes 20 de agosto en defensa del municipio frente acciones desestabilizadoras y, para el miércoles 21, decidió sumarse al paro cívico convocado en defensa de la democracia y el 21F.

La reunión se dio en un momento en que el alcalde paceño, Luis Revilla, es objeto de múltiples investigaciones de parte de la Fiscalía. También, la ciudad está pendiente del desenlace del problema del relleno sanitario, y en vilo por la amenaza de los choferes de parar 48 horas.     

Se reunieron representantes de instituciones de la ciudad, que expresaron preocupación por lo que consideran “agresiones políticas hacia la actual gestión municipal de La Paz.

Por eso se convocó a una marcha para el martes 20 de agosto, en contra de los atropellos y agresiones hacia la ciudad. Se instruyó a todas las organizaciones vecinales y cívicas, a desarrollar asambleas en el curso de este fin de semana a objeto de organizar y participar de la protesta.

Asimismo, la Asamblea de la Paceñidad ratificó su respaldo a las gestiones de la Alcaldía para implementar el relleno transitorio en Saka Churu y la posterior construcción de una planta de tratamiento.

También se exigió que no se retroceda con la labor de control al servicio del transporte público sindicalizado, con las sanciones respectivas. Se respaldó además a la implementación de nuevas rutas del Pumakatari y de los buses Chikititi.

Paro cívico 

En el último punto de la resolución, la Asamblea de la Paceñidad determinó respaldar y convocar al paro cívico en defensa de la democracia y el voto, previsto para el 21 de agosto.

Dicho paro, de carácter nacional, fue convocado por comités cívicos y el Conade con el objetivo de pedir respeto al voto del 21F para que Evo Morales y Álvaro García Linera desistan de buscar la reelección.

La Asamblea de los paceños se sumó a esa medida, al considerar que existe constantes violaciones a la Constitución, manipulación de las instituciones públicas para intereses de poder y el riesgo de nuestro sistema democrático, según su resolución.