El exministro de Gobierno Arturo Murillo fue liberado este viernes 20 de junio de una prisión federal en Estados Unidos, según informó el abogado y activista de derechos humanos Thomas Becker, a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter).

“En este momento no sabemos su paradero, aunque lo más probable es que se encuentre en un centro de detención de migrantes”, señaló Becker, quien realizó seguimiento al caso desde su inicio.

La liberación del exministro del régimen transitorio de Jeanine Áñez ocurre más de un año después de que fuera condenado en enero de 2023 a 70 meses de cárcel por delitos de corrupción vinculados a la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.

Murillo se declaró culpable en octubre de 2022 ante la justicia estadounidense, aceptando su participación en el esquema de sobornos y lavado de dinero por el que fue investigado. En abril de 2024, un tribunal del Undécimo Distrito Judicial de Miami dispuso que debía indemnizar al Estado boliviano con más de 6,2 millones de dólares.

Aunque su condena inicial implicaba una salida para septiembre de 2028, se estima que su liberación anticipada esté relacionada con la reducción de pena por buena conducta u otras disposiciones del sistema penitenciario estadounidense. No obstante, hasta este sábado no hubo confirmación oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre su custodia.

En Bolivia, Murillo enfrenta ocho procesos penales abiertos, según informó el fiscal Omar Mejillones. De estos, dos ya tienen sentencia, dos están en juicio oral, dos en etapa preliminar y otros dos en fase preparatoria. Las principales causas se relacionan con la compra irregular de material antidisturbios, tanto en el denominado caso “gases lacrimógenos” como en el caso “gases Ecuador”, por los cuales ya fue sentenciado a cinco y ocho años de prisión, respectivamente.

El Ministerio Público ha reiterado su intención de activar mecanismos internacionales para su extradición. Entretanto, el destino inmediato de Murillo, así como su posible retorno a Bolivia para rendir cuentas ante la justicia nacional, permanece incierto.